Por: Sergio Otálora Montenegro

El locuaz Vicepresidente

Habló como Pacho, no como el Vicepresidente de los colombianos. Habló como si estuviera en reunión con los viejos amigotes. No como si fuera uno de los máximos representantes del gobierno. Ante semejante locuacidad desbordada, sin medir palabras, ni consecuencias,  parecía por encima de cualquier responsabilidad e institución. Pacho, o el Vicepresidente, daba declaraciones al desgaire para una emisora. Y dijo cosas muy importantes.

Afirmó, por ejemplo, con tono de denuncia, incluso de primicia, que el partido comunista ha tenido  relaciones con los “terroristas”, y la prueba fehaciente está en el nombre de algunos de sus frentes de combate, como el Teófilo Forero (líder sindical) o el Manuel Cepeda Vargas (Senador de la República, dirigente comunista). Según el señor Vicepresidente, ese es un indicio claro de los nexos que ha habido entre la subversión y la política, la “otra cara de la moneda”. Y citó un libro, el de la entrevista de la intelectual chilena Marta Harnecker a Gilberto Vieira, secretario del PCC, quien habló, entre muchas otras cosas, meses antes de su muerte, de las razones históricas de la combinación de  todas las formas de lucha. Se refería a su génesis y a su justificación estratégica.

Ese partido, en los años cincuenta del siglo XX, estaba ilegalizado. También lo estuvo, de facto, durante todo el Frente Nacional. La consigna fue, ante el hostigamiento y la represión, combinar la precaria opción electoral con el camino tortuoso de los fierros. Igual estrategia (pero sin decirlo en ningún discurso o texto) utilizó la dirección liberal nacional, en 1950, en cabeza de Carlos Lleras Restrepo: no sólo se abstuvo de participar en las elecciones de ese año, por falta de garantías, y por la violencia criminal contra sus dirigentes, sino además alentó a los campesinos liberales para que se armaran y resistieran el embate de la represión laureanista. Las famosas guerrillas del Llano.

No hace falta por lo tanto citar el computador de Raúl Reyes para documentar que entre las armas y la política legal, ha habido siempre coincidencias. El suplente del presidente Alfonso López Michelsen, (en ese entonces, dirigente máximo del MRL, movimiento revolucionario liberal, en franca oposición a la alternancia bipartidista) en la Cámara de Representantes, fue Juan de la Cruz Varela, veterano dirigente agrario comunista de la zona de Sumapaz, contemporáneo y camarada de luchas de Manuel Marulanda, el hoy “terrorista máximo” de las Farc.

Durante la década del setenta, varios intelectuales y periodistas de izquierda defendieron a ultranza la lucha armada. La Revista Alternativa, fundada por Gabriel García Márquez y Enrique Santos Calderón (entre otros)  fue lugar de encuentro y de paso de todas las organizaciones insurgentes latinoamericanas, y también reflejo de nuestro complejo movimiento social y armado de ese entonces.

En la década de los ochenta, con los diálogos de paz iniciados por el presidente Belisario Betancur, y después con los Acuerdos de La Uribe, firmados entre ese gobierno y las Farc, se acordó la creación de la Unión Patriótica, como instrumento para la desmovilización paulatina de los frentes guerrilleros. La UP era legal, avalada por el Estado, producto sustancial de los  pactos que condujeron a la tregua entre Ejército y las huestes de Tirofijo; estaba conformada por una gama muy heterogénea de expresiones sociales que abarcaban todo el país.  En 1986, obtuvo un triunfo electoral contundente para la época, en alianza, en varias zonas del país, con el partido liberal.

Esa victoria histórica para la oposición revolucionaria, significó su desgracia. Por una parte, con la disculpa de combatir a la guerrilla, los escuadrones de la muerte iniciaron la tarea de exterminio con una ola de crímenes selectivos contra senadores, representantes, concejales y diputados de la UP.  Al mismo tiempo, la nueva administración liberal de Virgilio Barco, al desconocer de manera implícita lo firmado en La Uribe, en 1984,  le echaba leña al fuego: la supuesta “ambigüedad” del nuevo movimiento explicaba la acción paramilitar. El asunto es que los muertos no eran combatientes, sino civiles desarmados, con una larga tradición de acción política legítima. A los ojos de las autodefensas, y también de los comandantes de las Fuerzas Armadas, eran cómplices de la sedición. Bandoleros disfrazados.

Días antes del atentado mortal contra Bernardo Jaramillo, el ministro de Gobierno, Carlos Lemos Simmonds, insistió en que la UP era el brazo armado de la guerrilla.
 
Era una estrategia, sin duda: desmontar y desconocer lo pactado en el gobierno anterior, destruir por medio de la violencia un enorme movimiento popular en ascenso que coincidía, desde el punto de vista político, con postulados de la guerrilla: reforma agraria, redistribución del ingreso, acceso cierto, con garantías, al poder político. Obvio: las dos dimensiones, la legal y la ilegal, eran resultado de un mismo conflicto.

Hoy, el gobierno de Uribe, por boca de su locuaz Vicepresidente, dice que el país debe conocer las relaciones entre el “terrorismo” y los líderes políticos. Al traer a colación los nombres de Teófilo Forero, dirigente sindical asesinado al igual que Manuel Cepeda, Senador de la UP, y miembro del comité central del PCC en el momento de su sacrificio, convalida desde las altas esferas del poder los argumentos que emplearon los sicarios de las AUC para segar la vida de esos líderes: que eran cómplices de la subversión.

Lo que digan, pues, los mensajes electrónicos de Reyes es lo de menos. Si quieren documentar, a la luz de la lógica paramilitar, que parece compartir este gobierno, la supuesta manguala entre la guerrilla y sus “simpatizantes o auxiliadores”, no es sino saber quiénes están enterrados en las miles de fosas comunes de las masacres de las autodefensas, en los nombres de los miles de desaparecidos, amenazados e intimidados.

Basta sólo con responder la siguiente pregunta: ¿Por qué los mataron, por qué los siguen matando? Me temo que el Palacio de Nariño tiene la respuesta.

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