Por: Juan Carlos Gómez

Comcast-NBC

En 2011 las autoridades en Estados Unidos aprobaron la fusión de Comcast —el mayor operador de internet y de televisión por cable— con NBC/Universal, conglomerado entonces controlado por General Electric, productor de cine y televisión, propietario de estaciones de radio y televisión en el país.

Más allá del escándalo que se suscitó en su momento, debido a que una de las comisionadas de la FCC que aprobó la transacción, cuatro meses después se fue a trabajar a Comcast, el negocio aún sigue siendo tema de gran controversia, frente al impacto en los mercados de medios, entretenimiento y telecomunicaciones.

Ante el reto que le plantea internet a la televisión abierta, la fusión le permite a ésta multiplicar su presencia, gracias al acceso a otras plataformas; asimismo, el operador de cable se beneficia de la capacidad de producción, todo lo cual implica un grave riesgo para la competencia.

Por una parte, el operador de cable podría discriminar los contenidos de terceros a favor de sus propias producciones y, por otra, determinada programación —como los grandes eventos deportivos— se destinaría privilegiadamente a sus suscriptores.

A través de esa integración vertical, la misma empresa —en este caso Comcast—, además de internet, consolida la provisión y producción de contenidos audiovisuales, con su distribución, a través de cable físico y vía aire mediante la utilización de frecuencias radioeléctricas.

Aunque en teoría en la provisión de internet existan varios operadores en competencia, la verdad es que este es un negocio en el cual los operadores establecidos en cada ciudad tienen un inmenso poder. A menos que se tomen oportunamente las correspondientes medidas regulatorias, estos proveedores pueden llegar a abusar de su poder, aún con más énfasis con que lo hacen hoy los operadores dominantes de telefonía móvil.

En Estados Unidos muchos expertos se lamentan de que los procesos de autorización de fusiones se suelen adelantar con innecesario sigilo. Lo mismo puede decirse en Colombia, con el agravante de que aquí la opinión pública percibe muy poco el impacto que estos temas tienen en el bienestar de los consumidores. Ojalá que con la próxima fusión no suceda lo mismo y la autorización no sea por simple aclamación.

 

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