Por: Columnista invitado

Comedia de equivocaciones

En 2005, el Concejo aprobó el Acuerdo 180, por el cual “se autorizó el cobro de una contribución de valorización por beneficio local” para la realización en cuatro fases de 134 obras por un monto de $2,15 billones. En 2008, la administración Moreno hizo el primer derrame por $711.000 millones.

Al superarse la capacidad de pago para ciertas obras, la facturación explotó en Engativá y Fontibón. El resultado fue la modificación de esta fase uno, mediante el Acuerdo 398 de 2009, que excluyó algunas construcciones y terminó aforando las que quedaron en $594.000 millones, 117.000 menos. El balance, según el IDU, fue un recaudo del 98% y de 38 proyectos contemplados se terminaron 32, hay tres aún en ejecución, uno caducado y dos suspendidos.

Desde diciembre de 2012 el IDU facturó la fase dos, elevó el cálculo proyectado, de $620.000 millones, en $248.000 millones más, por indexación, nuevas obras, costo mayor de predios a adquirir y estudios, diseños e interventores. El efecto fue peor que en el período anterior. La actual administración no evaluó lo acaecido en 2008 y, antes bien, el mayor valor total derramado se concentró en seis localidades: Suba, Engativá, Kennedy, Usaquén, Bosa y Chapinero, el 72% del cobro residencial. En marzo apenas se había recaudado el 14% del total, pagado por algo menos del 25% de los predios afectados. Vino la resistencia de la ciudadanía.

Era lo esperado. Desde 2011, expertos como Óscar Borrero habían hecho observaciones pertinentes para evitar el colapso. Anotaban que las intersecciones viales generan “grado de perjuicio”; que el beneficio se reduce por la cercanía y que en siete años prácticamente desaparece; que los estudios de derrame están “caducos”; que el cobro se hace más sobre el terreno que sobre todo el inmueble, desechándose el factor de comercialización, y se afecta más a la vivienda y a la industria, favoreciendo a “centros comerciales, oficinas y hoteles”.

Ante el fracaso, el IDU presentó una “modificación”, el Acuerdo 059 de 2013, que, contra mínima sindéresis, aumentó el cobro —hasta $2,35 billones— y también las obras, incluyendo unas en la troncal de la Caracas y de malla vial; eliminó las fases 3 y 4 y el Plan Zonal del Norte, y redujo el número de contribuyentes, de 1,75 millones a 1,05 millones, alzando el valor promedio a cobrar para cada uno.

Ese acuerdo se ahogó en el Concejo. La Comisión de Hacienda recortó obras y valor a menos de $400.000 millones, la quinta parte. Surgieron entonces conversaciones entre la administración y algunas bancadas que, al parecer, gestaron los acuerdos 094 y 095 de 2013, que autorizan un cupo de endeudamiento al Distrito por $4,3 billones y derogan parcialmente los acuerdos anteriores.

Ante tantas vueltas y revueltas y un futuro incierto, la iniciativa se ha desgastado y las fechas de pago aplazado por tres meses; está en el limbo. La ciudadanía está desconcertada y la relación con el Concejo no augura que los últimos proyectos puedan prosperar, en especial el de deuda pública, que puede comprometer el marco fiscal del Distrito de mediano plazo. Lo esperado es que quede supérstite una porción de las obras y que la valorización pase a mejor vida. Ojalá como sucedáneo surja con fuerza el tributo de plusvalía, más justo y permitido por la ley, que recae especialmente sobre los grandes negocios urbanos. Sería buen final para esta comedia de equivocaciones desde el principio.

*Aurelio Suárez

 

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