Por: Claudia Morales

Comida putrefacta para niños del Chocó

IMAGINE A SUS HIJOS, SOBRINOS O nietos comiendo en sus colegios unos tomates llenos de moho, carne maloliente y de color casi negro, zanahorias que ya no se ven anaranjadas de lo podridas que están, atún que llega en latas infladas por su estado de descomposición, lechuga con hongos.

 En fin, piensen en un escenario donde los niños comen peor que cualquier cerdo de vereda.

¿Le cuesta trabajo imaginarlo? ¿Le parece indignante? ¿Cree que es una exageración? Claro que cuesta trabajo creer que más de dos mil niños y adolescentes de los centros educativos en Unguía, Tadó, El Palmar, Medio San Juan, Medio Baudó, Novita, Istmina, Yuto y Sipi recibieron toneladas de alimentos así, tal como los describo. Y si piensa que magnifico el problema, lo invito a que vea las fotos que publiqué el 28 de abril en mi cuenta de Twitter, y seguramente no le quedará ninguna duda de que esos alimentos que entregó un operador llamado Fundación para la Gestión y el Desarrollo Social Colombiano, Fungescol, debería producir mucho más que indignación.

Fungescol tiene sede en Turbo, Antioquia, según el contrato de la Gobernación del Chocó. Ese contrato fue firmado el 9 de abril de este año, tiene una duración de 45 días, costó $4.864 millones y tiene como objeto “implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a través del cual se brinda un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes” de 30 municipios del departamento.

La comida podrida fue entregada por Fungescol el 23 de abril, y al cierre de esta columna no había ido a recogerla y mucho menos había cumplido con lo pactado en el contrato: la entrega de alimentos que cumplan con todas las normas de manipulación, preparación, salubridad y almacenamiento.

La personera de Unguía, Yoelcy Machuca, me dijo: “Aquí ni en ningún municipio tienen una sola bodega para almacenar los alimentos”. Me contó que Fungescol llega con la mercancía en una lancha, la echa en un camión y van y la dejan tirada en todas las instituciones.

Como si fuera poco lo anterior, la misma personera me pidió que por favor hiciera público que “a las mujeres que preparan los alimentos no les tienen contrato y no les han pagado sus sueldos”. Será que, además de todo, ¿estaríamos con Fungescol ante un asunto de explotación laboral?

No es el primer contrato que ese operador ha tenido. Descubrí tres más en 2012, 2013 y 2014 con el ICBF. Y ahora que el PAE está en manos del Ministerio de Educación y ante mi denuncia, el despacho de Gina Parody me contestó que Fungescol asumiría la responsabilidad, pero no hubo anuncio de sanción ni investigación. Indolente y cobarde a más no poder. La Gobernación del Chocó, como el avestruz. La secretaria de Integración Social, Yolanda Mosquera, que no me quiso hablar, dijo en un comunicado que el operador “tiene bodegas con todas las especificaciones para su conservación, al igual que los automotores que transportan los alimentos”.

Leí cada línea del contrato y varios apartes fueron flagrantemente violados. ¿Les da miedo decretar la caducidad? ¿Habrá algún político enredado con ese operador? No tengo esas respuestas aún, pero sí sé que, además de comida putrefacta, putrefactos también están todos los funcionarios involucrados en este hecho por acción u omisión.

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