Los culpables de cuello blanco suelen huirle a la justicia y al control social mientras alegan que son capaces de enfrentar lo que sea. Posan como valientes pero, en lugar de defenderse jurídicamente, atacan a sus jueces y desprestigian a sus denunciantes, acusándolos de atrocidades para poner en duda su credibilidad, invalidar las evidencias en su contra, traspasar su condición de victimarios y apropiarse de la de víctimas y confundir, en ese zaperoco de desinformación, a la opinión pública. Así manipulan a Colombia. El 4 de agosto pasado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema resolvió por unanimidad la situación del entonces senador Álvaro Uribe, imponiéndole medida de privación de la libertad en su residencia por su presunta responsabilidad en los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. La detención domiciliaria se le aplicó después de “un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia...”. Nadie, ni por miope que sea, niega las influencias de Uribe: un dedo que levante, una legión de partidarios que hacen lo que desee. ¿Obstruir la justicia? ¡Si eso ha hecho toda su vida! Sin embargo, temblaron hasta las piedras por la orden según la cual debía quedarse en una de sus mansiones, qué doloroso castigo. Ocho días después, el procesado se hizo tomar una foto lastimera y la subió a Twitter con el número de reseña penitenciaria para acentuar su victimización. Pero, tras su ataque, preparaba el escape con sus abogados, muy bien conectados, muy bien enterados de lo que sucede en las sesiones reservadas de la Corte.
El viernes 14 de agosto, cuando comenzaba un puente festivo, el magistrado instructor firmó —para notificar al interesado, la semana siguiente— una decisión en otra investigación en que ordenaba la práctica de pruebas con el fin de “dar impulso a la actuación previa seguida en contra del senador Álvaro Uribe Vélez”. Este caso sí trasnocha al exmandatario pues el de soborno a testigos, por mucha bulla que haya hecho, es una bobería al lado del radicado bajo el número 45110. Allí se le examina por “los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro, desplazamiento forzado y conexos, declarados como ‘crímenes de lesa humanidad’ por la Sala Penal de la Corte Suprema...”. Los hechos relacionados bajo ese radicado son las masacres en que murieron, fueron torturadas, violadas y desplazadas decenas de personas en el municipio de San Roque (1996) y en los corregimientos La Granja (1996) y El Aro (1997) del municipio de Ituango, Antioquia; y también se incluyó el atroz asesinato del concejal y líder político Jesús María Valle, acribillado en la silla del escritorio de su oficina, en Medellín, en 1998. El “impulso” que dio el investigador al caso no constituía persecución a su líder, como gritaba el uribismo: daba cumplimiento a peticiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano por esos crímenes y que le recomendó “allegar los informes necesarios sobre la investigación 45110”. El documento del magistrado contenía, al final, la decisión de conceder la realización de una diligencia “solicitada por la defensa del senador Álvaro Uribe Vélez” en que él pedía ser escuchado en versión libre. Por fanfarrón él y por baladrones sus abogados, el instructor tuvo que llamarlo a declarar. No obstante, la manada ignorante volvió a pobretearlo por el “acoso judicial” que padecía. El puente festivo continuó el sábado 14, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto.
El martes 18 la nación se paralizó cuando Uribe Vélez anunció públicamente su renuncia al Senado a las 3:30 de la tarde, según hora fijada en el comunicado de su partido. Con una rapidez y eficiencia asombrosas comparadas con el ritmo del trabajo legislativo, el Senado aprobó ese mismo día el retiro del expresidente. El miércoles 19, llegó la notificación de la Sala de Instrucción al investigado y sus avispados defensores quienes, de nuevo, lo victimizaron “viendo con sorpresa” cómo la Corte comunicaba el auto cuando ya había renunciado. Puntillazo final: exigieron el traslado del proceso, con pruebas, testimonios y todos los casos relacionados a la Fiscalía del amigo Barbosa. El 15 de septiembre el “valiente” Uribe y sus abogados adivinos respiraron aliviados: la Sala de Instrucción decidió “la solicitud de remisión por competencia” de la investigación por las masacres y el asesinato de Valle al ente investigador. Descansaron el indagado y sus abogados porque los expedientes por esos crímenes se han arrastrado, anaquel tras anaquel, en el sistema judicial desde el año 2000. ¡Hace 20 tenebrosos años! Y así seguirán. Quienes no estarán en paz serán los asesinados de 1996, 1997 y 1998.