¿Cómo mejorar la seguridad ciudadana?

MUCHOS HAN SIDO LOS ESCRITOS Y discusiones sobre la seguridad, al menos desde los años noventa.

La mayoría han girado alrededor del conflicto armado interno, pues pocos olvidan que la frustración con Samper condujo a la apertura de diálogos con Pastrana y que ante ese fiasco se abrió paso la mano dura de Uribe, quien doblegó a las Farc pero distorsionó la democracia. Con Santos, la polarización a favor y en contra de los diálogos –estimulada por el uribismo– no da tregua.

Este rifirrafe ha influido en la desconfianza que han mostrado las guerrillas en las negociaciones, así como también en su prolongación. Pero, con sus acciones delictivas, las Farc y el Eln han contribuido también a alimentar la polarización. Por su parte, las bacrim no han cesado en sus actos criminales. Y por si fuera poco, la inseguridad en los espacios públicos urbanos es pan de cada día.

Para recuperar la seguridad ciudadana se requieren medidas que los gobiernos no han sido capaces de implementar. Desde 1994, la Policía Nacional ha gozado de autonomía. El control externo (comisionado) fijado por la reforma del año anterior fue abandonado al poco tiempo y la subordinación al ministro de Defensa civil no ha sido suficiente. El modelo de policía comunitaria establecido en los años noventa nunca operó, pues el trinomio planteado de acciones conjuntas del Estado, la Policía y la comunidad se convirtió en dos binomios separados: la Policía y la comunidad por un lado, y la Policía y el Estado por otro. Además, la política de seguridad ciudadana ha sido más por iniciativa policial que del Estado.

Para corregir estas fallas habría que subordinar a la Policía a las autoridades civiles. Su dependencia de un Ministerio del Interior reorganizado sería un paso previo que facilitaría esos correctivos, además de acabar con lo que le resta de militarización a la institución. Por otra parte, la formulación de una política de Estado –no de gobierno– a través de una ley de seguridad y defensa –que nunca ha podido concretarse– sería un paso necesario no sólo para orientar la seguridad ciudadana sino también para enfocar la seguridad nacional.

Pero, aun con estos cambios, quedaría faltándole otra pata a los correctivos que se necesitan para garantizar la seguridad ciudadana. Habría entonces que desarrollar una política de educación cívica que cubra a amplios sectores de la población. Esta política no sería solo a nivel formal de las instituciones educativas en los primeros niveles de formación, sino también en espacios públicos donde la cultura ciudadana se ha deteriorado. Un buen punto de partida sería la revisión del experimento educativo en esos espacios, implementado por Antanas Mockus en su primera alcaldía en Bogotá a mediados de los años noventa.

De esta manera, al disminuir el número de contravenciones y delitos en ambientes públicos se estimularía el cumplimiento de las normas establecidas. El ejemplo cunde, tanto en las transgresiones como en el acatamiento.

Sentadas así las bases de una seguridad ciudadana preventiva, la Policía podría estimular los valores de convivencia en los espacios públicos, bajo el control de las alcaldías y en alianza con la comunidad.

Pero habría que tener en cuenta que si estas eventuales políticas no son acompañadas por avances en la calidad de la educación y en la inclusión social para sectores marginados de la población, no se desarrollaría el anclaje necesario para cimentar las transformaciones planteadas.