Por: Elisabeth Ungar Bleier

¿Cómo no perder la confianza en el Estado?

Según la OECD, hay tres condiciones para que los procesos de decisiones sobre políticas públicas generen confianza.

La primera es que éstos sean informados e incluyentes, es decir, que los tomadores de decisiones y los interesados tengan acceso a la información relevante y de calidad, para facilitar la participación y representación de todos los actores que puedan beneficiarse o verse afectados por la decisión en sus diferentes fases, incluyendo la implementación y la evaluación. La segunda, que el proceso esté alineado con el interés público, es decir, que contenga las salvaguardas necesarias para impedir su captura o el favorecimiento indebido de intereses particulares. Y la tercera, que responda a altos estándares de comportamiento de los actores involucrados, enmarcados en principios de integridad y transparencia**.

Algunos hechos recientes muestran que las decisiones sobre políticas públicas en Colombia no siempre cumplen con estas condiciones. Pero, además, desvían la atención de los debates de fondo que cada uno debería suscitar y minan la confianza ciudadana en el Estado y en sus gobernantes.

En mayor o menor medida, estos ejemplos reflejan falta de coordinación interinstitucional; problemas en contenidos, calidad, oportunidad, relevancia, veracidad y flujos de la información relevante para la toma de decisiones, y, lo más grave, que las decisiones y actuaciones de los servidores públicos no siempre están alineadas con el interés público.

Posiblemente el caso de mayor resonancia es el que se originó por unas denuncias de la contralora general de la República contra el fiscal general de la Nación por unos supuestos pagos que éste recibió por la prestación de servicios, antes de ser nombrado fiscal, a Saludcoop, entidad que está siendo investigada por hechos de corrupción. Los dos funcionarios han sido duramente criticados por ventilar públicamente sus discrepancias personales. Pero lo más grave es que los protagonistas son precisamente las cabezas de las instituciones encargadas de investigar hechos de corrupción y quienes deben dar ejemplo de integridad y mesura en sus actuaciones.

Otro caso fue la orden de retiro por parte del presidente del proyecto de ley sobre baldíos que presentó el ministro de Agricultura. Las razones aducidas fueron que el texto del proyecto contenía un articulado impreciso y que podía prestarse a interpretaciones inconvenientes. En esta ocasión llama la atención la descoordinación institucional entre un ministerio y la Presidencia de la República, pero incluso algunas personas han insinuado que en la redacción hubo incidencia indebida de intereses particulares.

Y otro más: la información entregada por el ministro de Defensa sobre un supuesto atentado que se estaba fraguando contra el expresidente Uribe, la cual fue parcialmente rebatida por el presidente Santos en el sentido de que no era un hecho reciente. Esto también denota un manejo poco claro y politizado de la información, además de dar la sensación de desacuerdos entre las entidades del Estado. Ante casos como éstos, ¿cómo no perder la confianza?

 

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