Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Compensación por servicios ambientales

EN 1992, CUANDO SE REALIZÓ LA Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, se consideró que uno de los principales logros fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que más tarde llevaría al Protocolo de Kioto.

Paradójicamente estos acuerdos excluyeron el reconocimiento de la contribución de los servicios ambientales de los ecosistemas naturales a la estabilidad climática y el foco fue generar incentivos para desarrollar tecnologías de menor impacto, los llamados mecanismos de desarrollo limpio. Este desacierto global contribuyó a que la quema del bosque tropical para ampliar la frontera agrícola siguiera su avance, incrementando el cambio del clima por la pérdida de su efecto regulatorio y por la emisión de CO2 a la atmósfera.

Como un avance de mitad de camino, las negociaciones sobre clima en la convención de Naciones Unidas de Dinamarca 2009 reconocen la importancia de evitar la quema de los bosques, por su emisión de C02 a la atmósfera. Esto se hace mediante el programa conocido como REDD, que busca generar incentivos para reducir emisiones por deforestación y degradación, apoya la conservación de los bosques naturales y su manejo y aprovechamiento sostenible, todo como una estrategia costo-efectiva de disminución en la emisión de gases efecto invernadero. Es un avance parcial, pues aún no se les reconoce a los países que conservan el pago por los servicios ambientales globales que prestan los bosques naturales.

De momento hay que andar ese medio camino y algunos países de América como Guyana, Panamá, Argentina, Costa Rica y México van adelante con REDD. Quizás el mejor ejemplo es Costa Rica, que es el único país en América Latina que tiene una tasa de deforestación negativa, es decir, que anualmente reforesta más de lo que deforesta y esto gracias a un programa de pago por servicios ambientales que inició en 1997 con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Global. Mediante este programa ellos no sólo evitan la deforestación sino que incentivan el incremento en la cantidad de carbono que retienen sus bosques, desarrollan el ecoturismo y conservan la biodiversidad. Para lograr estos resultados han generado un diálogo nacional en el cual, además de la presencia de los ministerios de Ambiente, Energía, Agricultura y Ganadería, están las organizaciones indígenas, los propietarios rurales, empresarios y ONG ambientalistas. No sólo hay diálogo, también hay cálculos económicos concretos. En efecto, para consolidar la estrategia REDD han calculado que se requiere un aporte de US$20 millones anuales por parte del gobierno, derivado del impuesto a los combustibles y canalizados a través del programa de pago por servicios ambientales, más US$14 millones adicionales que buscan como compensación en el mercado internacional para frenar la deforestación, apoyar la recuperación de la vegetación y la reforestación como parte de la estrategia REDD. Imaginemos la cifra que requerirá Colombia, que tiene una extensión 21 veces mayor y 38% del territorio en bosques.

Es evidente que cuanto mayor sea la masa boscosa conservada, mayores serán las posibilidades de captar pagos internacionales de compensación en futuras negociaciones. Como expresaron recientemente los gobiernos de Holanda y Alemania, ellos priorizan el tema de cambio climático en la agenda de cooperación binacional con Colombia. Tenemos argumentos para fortalecer esa cooperación internacional y negociar una mejor compensación por los servicios que nuestros ecosistemas le prestan al medio ambiente global. Es un tema de mercado, de ciencias ambientales y de política internacional.

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