Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Compensaciones ambientales por regulación climática

Mientras Trump genera gran división interna entre quienes apoyan el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París y los gobernadores, alcaldes, empresarios y organizaciones sociales que manifiestan su rechazo y deciden mantenerse autónomamente dentro del Acuerdo; mientras el resto del mundo, incluidos aliados y enemigos tradicionales de Estados Unidos, se unen y rechazan la posición de Trump, en Colombia acaba de aprobarse el Decreto Ley 870 “Por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y otros incentivos a la conservación” (Mayo 25, 2017). Su objeto, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, es “establecer las directrices para el desarrollo de los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y otros incentivos a la conservación, que permitan el mantenimiento y generación de servicios ambientales en áreas y ecosistemas estratégicos, a través de acciones de preservación y restauración”. Contrario a la propuesta de Trump de desfinanciar la gestión ambiental.

Desde el Consejo Nacional de Planeación (CNP), en los comentarios al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 y al PND 2014-2018, el sector ambiental propuso que, para apalancar la conservación, el Ministerio del Ambiente elaborara y tramitara ante el Congreso una ley para usar recursos públicos y gestionar recursos internacionales para compensar, mediante PSA, a quienes gestionan la conservación en ecosistemas estratégicos asociados a Servicios Ecosistémicos (SE) de interés local, regional, nacional y/o global.

Propusimos transferencia de regalías y PSA para compensar a los municipios que por su ubicación decidieran conservar SE de interés y beneficio para otros municipios, focalizándose en SE asociados a la regulación hídrica. Propusimos que la conservación en paisajes productivos se incluyera en el paquete de incentivos financieros y tributarios como parte de la economía verde y que estas acciones se ejecutaran mediante PSA a los campesinos, propietarios rurales y organizaciones comunitarias que dediquen parte de su predio a la generación de SE, priorizando áreas de importancia estratégica (páramo, bosque alto andino, humedales, rondas de ríos y quebradas) para la conservación del agua que surte acueductos municipales, distritales y regionales. Dado el calentamiento global y los climas extremos asociados al cambio climático, es necesario planificar sobre los ecosistemas asociados a todo el ciclo del agua, no solo el borde de quebrada.

Propusimos apoyar las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, que ya combinan conservación y producción sostenible, y la consolidación, mediante PSA y proyectos REDD+, de las Zonas de Reservas Campesinas. Esta es una figura que busca equidad en la distribución de tierras, conservación de la estructura ecológica principal, fortalecimiento de la economía campesina, y contribuye a la estrategia para frenar la expansión de la frontera agropecuaria.

Para buscar un mayor equilibrio entre habitantes rurales y urbanos, propusimos que los habitantes de las cuencas proveedoras de agua para las ciudades tengan una adecuada compensación, mediante PSA, para asegurar la conservación de los SE indispensables para la vida urbana. Esto sin vulnerar los derechos, usos y tradiciones de las comunidades rurales.

Aprobado el Decreto 870, debemos trabajar en su reglamentación y apoyar esta iniciativa, que está en contra de lo propuesto por Trump, quien pretende suspender el gasto interno en gestión ambiental y suprimir la cooperación de Estados Unidos para estos asuntos.

 

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