Por: Armando Montenegro

Compromiso con la ética pública

UNA DE LAS NOTICIAS MEJOR RECIbidas por la opinión pública, que se originó en la reunión que sostuvo el presidente electo con su equipo de gobierno en Anapoima, fue su compromiso explícito con la ética pública. Los anuncios fueron de alto calado.

El presidente electo señaló que los funcionarios públicos evitarían toda situación en la que sus intereses directos o indirectos entraran en conflicto con el interés general; se comprometió a que ellos no usarían información privilegiada o confidencial para beneficio propio o de terceros; indicó que no se toleraría el tráfico de influencias; concluyó que no aceptarán regalos ni donaciones que generen conflictos de interés.

Si alguien hubiera quedado con alguna duda sobre la determinación del nuevo gobierno, ésta se disipó cuando, en forma inmediata, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que todos los puntos de la declaración que firmaron los asistentes a la reunión de Anapoima formarían parte de un proyecto de ley que sería llevado al Congreso, con el propósito de convertirse en un estatuto integral sobre ética y moral pública y lucha contra la corrupción.

Esta decisión, sin duda, responde a la preocupación de la ciudadanía, manifestada en las distintas encuestas de opinión, por el enorme aumento de la corrupción en los últimos años.

Un estatuto de esta naturaleza, además, llenaría un inmenso vacío en Colombia. En otros países, entre tantas cosas, la ley establece con precisión el tipo de regalos e invitaciones que pueden y no pueden recibir los funcionarios del Estado; se establece la obligación de darles publicidad a las reuniones y contactos con lobbistas y grupos interesados en favores del Estado; se imponen límites expresos al paso indiscriminado de líderes de negocios privados a cargos públicos donde se toman decisiones sobre la regulación, vigilancia y apoyo a esos mismos negocios.

Un corolario de estas manifestaciones del nuevo gobierno es la necesidad de establecer en Colombia un estatuto del lobby, una actividad legítima que, sin embargo, debe estar enmarcada dentro de reglas que limiten su campo de acción y que fijen sus restricciones e incompatibilidades. En las normas de otros países se puede encontrar una serie de buenas prácticas que podría aplicarse con provecho en Colombia.

Un estatuto general sobre ética y moral pública también debería cobijar las actividades del Congreso de la República, un organismo en cuyas comisiones, oficinas y pasillos convergen muchos de los personajes del sector privado que buscan favores y beneficios de origen legal. Infortunadamente, la tradición oral registra que no es raro que se realicen extrañas y complejas transacciones entre individuos que se lucran con las leyes y algunos congresistas que atienden dichos intereses.

Cuando se aborde este tema, será imposible evitar la regulación de algunos asuntos que tienen que ver con la financiación de las campañas electorales, así como con variados aspectos de la contratación y regulación de las actividades de los capitanes de las obras públicas, los mismos que originaron sonados escándalos en los últimos años.

Existe justificada expectativa sobre el texto que llevará el Ministro del Interior al Congreso y las discusiones que éste suscitará entre los partidos políticos, la academia, las ONG interesadas en la corrupción y el país en general.

 

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