Por: Columnista invitado

Compromiso de la Nación con el río Atrato

Por: Luis Gilberto Murillo *

En su esfuerzo por trabajar por la protección del medio ambiente, la Presidencia de la República designó al Ministerio de Ambiente como representante legal de los derechos del río Atrato mediante el Decreto 1148 del 5 de julio de 2017, en cumplimiento de la sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, la cual declaró a este afluente como sujeto de derechos.

Este es un hecho muy importante que se articula con las políticas y acciones que se vienen desarrollando desde el Minambiente por la recuperación de esta arteria fluvial vital para el Chocó y todo el Pacífico colombiano. En este sentido, como guardián del río, lo fundamental es articular a las entidades con el fin de que cumplan las órdenes de la sentencia, cada una desde sus competencias. De allí la importancia de contar con una estructura organizacional que impulse y sincronice el actuar de las entidades.

Por ejemplo, para darle alcance al plan de descontaminación, Minambiente realizó un convenio con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) para obtener una línea base sobre la situación del río y construir propuestas que luego se analizarán en mesas de trabajo con las entidades participantes.

Precisamente, en las zonas aledañas a los ríos Bebará y Bebaramá, el Ministerio está trabajando en un programa piloto de minería responsable con pequeñas comunidades, que cuenta con el acompañamiento de las Naciones Unidas y con la cooperación internacional. Lograrlo requiere de un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Ambiente y el IIAP, que iniciará a principios del 2018, tendrá una inversión de 120 millones de pesos y servirá para hacer la evaluación ambiental de la minería.

Asimismo, a lo largo de esa arteria fluvial se está implementando el programa Bosques de Paz con las víctimas del conflicto armado en el municipio de Bojayá, para que se pueda aprovechar el potencial que tiene esta región, no solo en biodiversidad, sino también en turismo.

En cuanto al uso del mercurio, a partir del año 2013 se ha hecho más estricto el control de esta sustancia en el país, gracias a la presión ejercida desde la legislación, a las medidas tomadas por las entidades competentes y a convenios internacionales. El Convenio de Minamata sobre Mercurio está en proceso de ratificación y le faltan dos debates en la Cámara de Representantes. Este compromete a los países a implementar acciones de carácter mundial para controlar su comercio, eliminar su uso en la minería de oro y reducir las emisiones de este metal.

Pero estas metas requieren de la voluntad, los recursos y el trabajo conjunto de entidades de todos los niveles y sectores, como el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, que con el apoyo de Minambiente, Minsalud, Minminas y Minhacienda, expidió el Decreto 2133 de 2016, por el cual se establecen medidas de control a la comercialización de mercurio y productos que lo contienen y estableció que quienes deseen importar o comercializar mercurio en el país deberán registrarse ante el Ministerio de Comercio Industria y Turismo presentando la solicitud. Desde el 16 de septiembre de 2017 y hasta el 15 de septiembre de 2020 solo se permitirá un cupo anual de dos toneladas al año para actividades diferentes a la minería.

Asimismo, es una noticia positiva para el país que, acogiéndose a la Ley 1658 de 2013 -cuya meta es eliminar el uso del mercurio en minería a partir de julio de 2018 y en la industria en julio del 2023-, algunas empresas se anticiparon y eliminaron el uso de esta sustancia. Es el caso de la única empresa de la industria cloro-álcali que existe en el país, la cual dejó de usar mercurio en el 2016; y el de la industria de producción de bombillas con mercurio, que operaba en Bogotá y dejó de producirlas también el año pasado, adelantándose a la fecha de 2020 establecida por el Convenio de Minamata.

Por otro lado, la ratificación del Acuerdo de París no es cosa menor. Para Colombia, adoptar el Acuerdo significa obligarse ante la comunidad internacional a cumplir los compromisos incluidos en dicho tratado, que están relacionados principalmente con reducir en un 20 % las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) frente a lo proyectado a 2030. Es avanzar hacia la adaptación del país a los efectos del cambio climático y dirigirse hacia una economía baja en carbono.

* Ministro de Ambiente

 

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