Por: Elisabeth Ungar Bleier

Compromisos internacionales de lucha contra la corrupción

Colombia ha asumido diversos compromisos internacionales en materia de lucha contra la corrupción, transparencia y buen gobierno.

Los primeros fueron la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Posteriormente adhirió a otros instrumentos que tienen alcances más específicos. Por ejemplo, la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI) y la Convención de la OCDE contra el Soborno Transnacional. Estos instrumentos reflejan la creciente preocupación de los estados por el impacto de la corrupción en todo el mundo y sus efectos devastadores en todos los países.

Adherir a estos mecanismos conlleva obligaciones y responsabilidades que comprometen al Estado colombiano no solamente frente a la comunidad internacional, sino a nivel interno. Por esto, no pueden ser entendidas como simples manifestaciones de buena voluntad de un gobierno. Cada vez más, estos compromisos van acompañados de procesos de evaluación y monitoreo por parte de organismos internaciones y de actores nacionales que se traducen en recomendaciones, llamados de atención e incluso pueden llegar a sanciones. Por esta razón las entidades y los funcionarios encargados de velar por su cumplimiento tienen el deber de hacerles seguimiento, de rendir cuentas periódicamente sobre sus actuaciones y de someterse a los requisitos, procedimientos y exigencias que estos acuerdos conllevan. Y los ciudadanos y medios de comunicación tienen el derecho de pedir cuentas, entendiendo que ellos involucran a servidores públicos que manejan recursos y bienes públicos.

Un ejemplo es la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa voluntaria liderada por los gobiernos de más de 60 países. Su objetivo es la implementación de estrategias en materia de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y uso de nuevas tecnologías, para mejorar los servicios públicos, incrementar la integridad pública, lograr una gestión efectiva de los recursos públicos, crear comunidades seguras e incrementar la responsabilidad corporativa y la rendición de cuentas.

Desde septiembre de 2011, Colombia participa en AGA y en 2012 elaboró un primer plan de acción. En abril de 2014 el Mecanismo de Revisión Independiente de AGA emitió un informe que indica que de los 27 compromisos establecidos originalmente, solo dos se completaron, en nueve hubo avances sustantivos, en 13 limitados y tres no se iniciaron. Asimismo, plantea “que es un problema persistente confundir actos de interacción, en que el gobierno informa al ciudadano, con verdaderas instancias de participación, en las cuales las opiniones y preocupaciones de la ciudadanía se traducen en cambios de manera real y transparente”.

Actualmente el Gobierno Nacional y representantes de la sociedad civil están comenzando a elaborar el segundo Plan de Acción, luego de que el primero recibiera un llamado de atención por la demora en su entrega, lo que implica posponer un año el proceso inicialmente acordado entre el país y AGA. Esto muestra que los compromisos internacionales se deben acatar integralmente y no a conveniencia de los gobiernos.

 

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