Desde hace mucho un importante sector de políticos y formadores de opinión ha planteado la siguiente tesis: limitar los fueros del Ejército o la Policía, criticar sus procederes, o pedir que se procesen judicialmente a los miembros de ellas que cometan desafueros las desmoraliza y las destruye. Para poner sólo un ejemplo entre muchos posibles, en la década de los 80 se condenó virulentamente el llamado “síndrome de la procuraduría”, con el argumento de que el control institucional le infringía un daño irreparable a la fuerza pública y a la lucha contra la subversión. Los políticos que impulsaron estas ideas invariablemente se autocalificaron como “amigos del Ejército”.
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