Por: Ana Cristina Restrepo Jiménez

Con la misma tijera

De acuerdo con Jesús Santrich, cabeza de lista a la Cámara de Representantes por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, la JEP tendrá que lidiar con miles de colombianos, además de los combatientes directamente implicados en el conflicto: desde la Iglesia, empresarios y partidos tradicionales hasta la “prensa que ha azuzado la guerra”. Los “terceros” parecen infinitos.

El candidato concedió una entrevista a Blu Radio. La conversación prometía ser una oportunidad informativa hasta que el entrevistado descarriló la atención de los oyentes con el trato hacia sus interlocutores. A partir del momento en que Ricardo Ospina lo cuestionó sobre las posibles decisiones de la JEP, Santrich adoptó un tuteo paternalista hacia la mesa de trabajo. Llamaba “niño” al entrevistador.

Al final, recomendó equilibrio a los periodistas. Y sentenció: “Los medios tienen que ayudar a denunciar los desafueros del establecimiento”.

Santrich no está solo. Precisamente en la Cámara de Representantes está su mejor mitad: María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, le hizo coro en otro amago de intimidación...

Esta semana, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó las acusaciones que la congresista hizo contra una columnista de El Heraldo y el portal Verdad Abierta en el texto “El Raponazo de Las Pavas (III)”: “En el frente periodístico cuentan con Claudia Ayola, cronista de El Heraldo, quien se encarga de la desinformación correspondiente para hacer creer a la opinión pública que Las Pavas es de Asocab y no de quien la compró legítimamente en marzo de 2017. Igualmente tienen de cómplice al portal Verdad Abierta, financiado por el filántropo maquiavélico George Soros”.

La FLIP expresó su preocupación por cuanto, sin aportar las pruebas, Cabal relaciona la labor periodística de sus señalados con actos delictivos y afirma que los medios que acusa responden a intereses particulares. La razón asiste a la FLIP cuando sostiene que en medio de la polarización y ad portas de elecciones, la representante pone en riesgo a los periodistas que menciona. En lo corrido de 2017, se han registrado 65 ataques a la prensa en Colombia; los agresores son funcionarios que se valen de escenarios de debate para estigmatizar o acallar reporteros.

Por supuesto que la prensa, los periodistas, podemos y debemos ser escrutados por los ciudadanos. Es más, está en la médula del periodismo desarrollar el músculo crítico en las audiencias. Sin embargo, incriminaciones como las de Santrich (cuyo efecto electoral está por verse) o Cabal no se tramitan a punta de infantilizar al interlocutor ni de desautorizarlo con calificativos, sino a través de los recursos que ofrece la misma profesión y la ley: instrumentos como la aclaración, la réplica, la rectificación…

Las acciones de estos dos actores políticos, cortados con la misma tijera, son formas de estigmatización e intimidación que configuran claros intentos de censura.

Se evidencia entonces cómo, en época preelectoral, conviene contribuir al ambiente de desconfianza en el periodismo, debilitar su papel en entornos democráticos y aprovechar la ola de indignación que –lógicamente– trajeron consigo las “fake news” con el fin de desautorizar cualquier tipo de crítica.

 

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