Por: Darío Acevedo Carmona

Con las Farc y contra Uribe

Coincidimos con otros analistas que interpretan las recientes movidas del presidente Santos y su fiscal de bolsillo como fruto del afán por limpiar el camino de “obstáculos” para firmar, antes de que sea demasiado tarde, un documento sobre “cese bilateral de hostilidades” con las FARC.

El equipo negociador del gobierno debe haber entendido que la inminente debacle del régimen castro-chavista puede dar al traste con el papel que Venezuela juega en las conversaciones de La Habana y poner en peligro la presencia allí de “Timochenko” y otros cuadros de las guerrillas.

La estrategia oficial de paz se enfrenta a tres grandes problemas en este momento: El primero es la crisis del vecino país, el segundo es la férrea oposición del uribismo a los términos de dicha estrategia. Un tercer elemento es el relativo al margen temporal. Sobre este último es claro que el presidente ha fallado en todos los plazos que ha pretendido imponerle a las conversaciones, hasta el punto que a la idea de firmar y validar los acuerdos de tal forma que coincidan con las elecciones regionales de octubre, solo le quedan unas semanas de maniobra.

En su propósito de evitar la caída de la estantería, el gobierno concentra la atención en dos frentes. El primero es el de las concesiones a granel a las demandas y expectativas de las FARC. Se nota por ejemplo en abrir puertas que están cerradas a la impunidad. Es que “las guerrillas colombianas no quieren ser las primeras en la historia que firman la paz para ir a la cárcel”, dice con un tono compasivo, mientras guarda silencio ante las desmedidas propuestas farianas, entre las que figura la reestructuración del gasto y de la estructura militar.

Y para los efectos de hablar directo está el Fiscal general de la Nación. En una escandalosa intervención en el evento político de lanzamiento de Poder Ciudadano, otro de los aparatos pro FARC montados por la exsenadora Piedad Córdoba, Montealegre, de manera impúdica, se solazó en alabanzas a dirigentes comunistas que han defendido la combinación de todas las formas de lucha y luego hizo una alambicada disertación a medida de lo que las FARC esperan, según la cual sus altos jefes no deben ir a la cárcel y se les debe facilitar su participación en elecciones.

El precio de esta paz, como hemos señalado los críticos, es la total impunidad. Con el agravante de que no es tal lo que se va a firmar sino el inicio de la transición por diez años.

El segundo frente tiene que ver con lo enunciado en el encabezado de este escrito. El gobierno sabe que los argumentos de la oposición uribista gozan de amplio respaldo en la opinión pública. Esa es la raíz de la directriz de acallar, enredar y obstruir a la oposición persiguiendo a sus principales dirigentes por la vía judicial, maniobra en la que también la ficha clave es el fiscal de marras. No de otra manera podemos interpretar la andanada mediático-jurídica en la que coinciden o se conciertan, reviviendo incluso señalamientos que en otros tiempos le hicieron al expresidente y senador Uribe desde Anncol, el Colectivo Alvear, el partido Comunista y sus epígonos de la socialbacanería.

El presidente Santos y sus consejeros pretenden disminuir o anular la acogida del discurso uribista con el fin de darle vía libre a la firma del documento que pretenden acordar en las próximas semanas. Y creen que la forma más eficaz de hacerlo es llevando a Alvaro Uribe a los estrados judiciales para que gaste su tiempo en defenderse, y enredar a los Zuluaga con el montaje del hacker.

El matoneo contra Uribe y el Centro Democrático ha sido abonado por el mamertismo de viejo y nuevo cuño en las redes y en panfletos como Voz y Caja de Herramientas, y ha tenido amplio eco en los medios desde donde obsesivamente disparan Coronell, Bejarano, Arismendi, Valencia, los Silva, las amazonas y tantos otros que quieren destruir al expresidente con el método utilizado contra Fujimori.

El plegamiento del presidente Santos y sus círculos de apoyo a esta campaña de difamación constituye un episodio lamentable de nuestra historia. Que un sector importante de las elites tradicionales se avenga a la campaña que desde mediados de los años 90 adelantan el Secretariado y los filocomunistas con el apoyo de Colectivos, ONGs y sectores de la academia y la intelectualidad “progre”, suena extraño.

Casi sin darnos cuenta, los leninistas colombianos están coronando una de sus ambicionadas metas: dividir a las “clases dominantes”, desprestigiar e infiltrar las instituciones, desarmar moralmente a su fuerza pública y ganar como aliados en su lucha por el poder a unas elites prisioneras de su sentimiento de culpa, corta de miras y flojas en la defensa de principios democrático liberales. 

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