Por: William Ospina

Con millones de ojos

NADA MÁS DIGNO DE RESPETO EN Colombia que el proyecto de devolver las tierras arrebatadas a sus legítimos propietarios.

Pero quien tenga la intención sincera de hacerlo debe saber que desde hace mucho tiempo en Colombia no bastan los decretos, las leyes ni las decisiones de unos cuantos funcionarios bien intencionados.

Las tierras que han sido saqueadas en las últimas décadas, lo fueron mediante un proceso violento de asaltos, crímenes, masacres y campañas de terror e intimidación. Hay quien dice que la atrocidad de las masacres tenía como principal objetivo crear un clima de espanto que hiciera huir de las regiones a los propietarios y facilitara la venta apresurada de predios a los beneficiarios de la violencia, que muy a menudo eran también sus instigadores.

Quienes se apropiaron de esas tierras no han sido sometidos por el Estado; las desmovilizaciones parciales no despojaron en lo fundamental a los empresarios del terror de su poder de acallar y de intimidar; quienes se beneficiaron de la violencia, contra los códigos y contra la justicia, no van a renunciar a esas conquistas por el hecho de que leyes nuevas ordenen la restitución.

Ello no significa que la recuperación y la devolución de las tierras sean imposibles. Al contrario, es una necesidad imperiosa de nuestra sociedad: necesidad política, social y moral, si queremos seguir siendo respetados como sociedad civilizada y si queremos tener dignidad a los ojos del mundo y a nuestros propios ojos. Pero la mera ley no es suficiente, y para garantizar que ese acto de justicia se cumpla mínimamente es necesario adelantar un proceso muy complejo de fortalecimiento democrático del proceso y de acompañamiento internacional.

Lo único que puede impedir que el esfuerzo por recuperar y restituir las tierras arrebatadas se convierta en un nuevo y escandaloso baño de sangre, uno de esos baños de sangre que cíclicamente arrojan su maldición sobre nuestro territorio, es que el Gobierno, el Estado que debe ejecutarlo, los funcionarios que tienen esa responsabilidad, comprendan la magnitud de lo que se proponen, la enormidad de las dificultades y el urgente deber que tienen de rodear el proceso de garantías para las víctimas y de protección para los que aspiran a recuperar sus tierras.

Nada podrá cumplirse si los beneficiarios de la ley permanecen aislados y vulnerables: los crímenes contra los aspirantes al retorno ya han comenzado a ocurrir. Sólo una presencia masiva de la sociedad, impulsada por los medios de comunicación, una vigilancia constante del proceso, una visibilización extrema de las providencias de los jueces, de las decisiones de la administración, de las entregas de tierras, una defensa elocuente y continua de los derechos de las víctimas, un rechazo decidido a las arbitrariedades y a los crímenes, pueden impedir que un proceso tan necesario y tan generoso naufrague en ese mismo mar de atrocidades que hoy nos avergüenza.

Un inmenso abrazo de solidaridad de todos los medios de opinión y de las organizaciones sociales, una alerta permanente de los informadores y una movilización amistosa y lúcida de los ciudadanos son el primer deber de la sociedad colombiana. Y también es necesario que se diseñe un plan de incorporación de esos predios restituidos a un proyecto económico viable y beneficioso para los campesinos y para el país. Porque tanto al Gobierno como a los medios se les hace agua la boca envaneciéndose de sus buenas intenciones, pero estas cosas sólo valen por sus consecuencias reales.

Del mismo modo, es absolutamente necesario rodear ese proceso de una democrática vigilancia internacional. Que el mundo sepa que en Colombia han sido arrebatadas por la violencia y por el fraude millones de hectáreas a los campesinos, y que han sido desplazados millones de propietarios; que el mundo sepa que se está haciendo un esfuerzo generoso y democrático por corregir esa injusticia que clama al cielo; que el mundo acompañe ese esfuerzo de alta civilización y lo vigile, como diría el profeta, con millones de ojos.

Salvemos a los violentos de la tentación de la masacre. Que nuestra indiferencia y la impunidad no sean nuevamente cómplices del mal, y no le faciliten a la violencia su trabajo.

Si sus impulsores no procuran que este proceso tenga ese acompañamiento y esa vigilancia, tal vez, a pesar de sus buenos propósitos, sólo están entregando millares de personas inermes otra vez en manos de la arbitrariedad y de la venganza. Ese es el tamaño de su responsabilidad histórica.

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