Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Con qué derecho

El destacado banquero Luis Carlos Sarmiento soltó una propuesta que la gran prensa definió como un plan de choque para poner al día la justicia, en la que deslizó una pedrada contra los abogados, que al parecer le encantó al presidente Santos, malqueriente reconocido de los juristas.

Propuso el agudo cacao, dueño del Grupo Aval y accionista de El Tiempo, la creación de varias comisiones de expertos, en particular una que se encargue de depurar el listado de los procesos judiciales retrasados y que recomiende medidas para descongestionar la justicia que debería “estar integrada por muchos más administradores e ingenieros que abogados”.

La excluyente propuesta de Sarmiento es una censura a los abogados, porque en el fondo los hace responsables del descalabro de la administración de justicia, por lo menos la civil. Aunque lo que sugirió el banquero lo crean la mayoría de los colombianos, eso no es del todo cierto ni justo, pues si bien a los profesionales del derecho les cabe su cuota de responsabilidad, también a banqueros y empresarios.

¿Cuántos procesos ha recibido la justicia civil a causa de demandas presentadas por el sector financiero? Estoy seguro de que Sarmiento lo sabe y, de no ser así, su reconocido asesor, el exministro Néstor Humberto Martínez —también abogado—, podría contárselo. Por allí es por donde debe empezar la depuración, pues las gentes del común ignoran que los bancos y entidades similares son los mayores demandantes en el país, pues representan un 80% de los procesos que se vienen tramitando.

Nadie osaría sostener la aventurada conclusión de que las entidades financieras no tienen derecho a la justicia, porque eso sería el derrumbe institucional. Pero en la crisis de la justicia, los banqueros han aportado su granito de arena a este monumental edificio de su congestión.

El aparato judicial todavía no ha salido del trancón gigantesco que se suscitó por el descalabro del sistema UPAC, que generó la pérdida de vivienda para millones de colombianos humildes, no obstante haber pagado cuantiosísimas sumas por deudas que, en vez de disminuir con los abonos, crecieron desmedidamente. Los despachos judiciales quedaron atiborrados de procesos atascados no por obra y gracia de los abogados, sino de quienes diseñaron pesados sistemas de liquidación de los créditos de financiación de vivienda. Para decirlo de otra manera, los abogados también fuimos víctimas de ese sistema perverso, y no lo hemos olvidado.

¿De quién fue la culpa del fracaso del sistema UPAC? De los abogados no pudo haber sido, sino de quienes diseñaron esa política que empobreció e hizo infelices a muchos compatriotas. Mucho me temo que en ese equipo de sabihondos, que en mala hora copiaron lo del UPAC, debía de haber más ingenieros, administradores, banqueros, economistas que abogados.

¿Qué hizo el sector financiero para amortiguar la inmensa congestión que el cobro de los créditos de vivienda representó para la justicia civil? Que se sepa no hubo concesiones significativas a los estrangulados deudores, ni rebajas de intereses, ni refinanciaciones razonables. La respuesta a la mora de los deudores fue principalmente judicial, convocándolos a procesos hipotecarios, a lo largo y ancho del país, que terminaron ocupando la atención de los jueces.

Claro que la justicia requiere una gran cirugía, que parece no estar en capacidad de practicarla el gobierno de Santos, con su errático proyecto de una reforma diseñada para hacer más privilegiados a los magistrados de las Altas Cortes, pero más infelices a los ciudadanos de a pie. Que no se crea, pues, que la responsabilidad de la tragedia de una justicia paquidérmica —causa principalísima de la violencia—, es sólo de los abogados.

Adenda. Empezando por Peñalosa, hoy caerán derrotados en las urnas los candidatos respaldados por Álvaro Uribe y asesorados por J.J. Rendón. Eso nos reconcilia a muchos con esta democracia, siempre frágil y hereditaria.

 

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