Por: Daniel García-Peña

Con todo respeto

A buena hora se reinició la semana pasada en Quito el quinto ciclo de los diálogos de paz con el ELN, luego de más de tres meses de interrupción. Se estrenó el nuevo equipo del gobierno, encabezado por Gustavo Bell, quien se sentó, por primera vez de manera formal, con la delegación del ELN liderada por Pablo Beltrán.

A los pocos días, ya había anuncios interesantes. La mesa informó que retomaría el trabajo adelantado con relación a la participación de la sociedad, la evaluación del pasado cese al fuego con miras a acordar uno nuevo, un acuerdo humanitario en el Chocó y experiencias de desminado. Sin duda, se trata de noticias esperanzadoras, particularmente para las comunidades afectadas por el conflicto.

De todas maneras, no se puede perder de vista que en el país existe un altísimo grado de escepticismo de unos y de oposición de otros, frente al proceso con el ELN. El reinicio de los diálogos pasó prácticamente desapercibido por los medios y la triste realidad es que los paros armados son más noticiosos. Las notables demoras e incumplimientos de los acuerdos de La Habana con las FARC, por parte del gobierno, han aumentado la incredulidad frente a la paz. Y para rematar, el debate electoral acapara buena parte de la atención nacional.

Pero para muchos, el principal motivo del escepticismo es que el ELN no ha decidido aún dejar la guerra. Tanto las FARC, como el M19 décadas atrás, antes de sentarse a la negociación, habían tomado, cada uno a su manera, la determinación estratégica de hacer el tránsito hacia la política sin armas, gracias a Alfonso Cano en el primer caso y a Carlos Pizarro en el segundo.

Sin duda, esa condición favorece y de cierto modo facilita la negociación política. Pero eso no quiere decir que sea por tanto un prerrequisito indispensable. En el caso de El Salvador, por ejemplo, Joaquín Villalobos cuenta como la guerrilla del FMLN llegó a la mesa con el propósito de fortalecerse para seguir la guerra y que fue la dinámica propia de las negociaciones la que fue construyendo la decisión de dejar las armas y hacer la paz.

Lo cierto es que, en enero 2015, el Quinto Congreso del ELN, la instancia máxima de la organización, estableció los lineamientos del mandato para la delegación de paz en Quito: “Asistimos a este diálogo para examinar la voluntad real del gobierno y del Estado colombiano; si en este examen concluimos que no son necesarias las armas, tendríamos la disposición de considerar si dejamos de usarlas.”

Me parece, con todo respeto, que el asunto está mal planteado.

La consulta no debe hacerse al gobierno y el Estado acerca de algo tan etéreo como la “voluntad real” que no se puede medir ni se va encontrar. Debe hacerse más bien a la sociedad acerca de la viabilidad y el sentido de continuar la lucha armada. Si oyen de verdad, escucharán a una inmensa mayoría hastiada de esta guerra y con ansias de avanzar hacia la política sin armas.

***

La solicitud de la Fiscalía a la Corte Suprema para abrirle investigación al senador Alberto Castilla por supuestos nexos con el ELN constituye una clara muestra de que la mayor amenaza contra la paz proviene de las mismas instituciones del Estado.

Lo que el país necesita son más líderes sociales, como Alberto Castilla, en el congreso. Pero son precisamente a esos líderes sociales que el congreso les negó las 16 curules en la Cámara de Representantes y que continúan matando en los territorios.

Quienes conocemos el trabajo de Alberto Castilla como líder campesino del Catatumbo y durante los últimos cuatro años como senador de la república, no dudamos de su inocencia ni de las motivaciones políticas de la Fiscalía detrás de semejante exabrupto. Esperamos su pronta exoneración por parte de la Corte.

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