Por: Yesid Reyes Alvarado

“Condenas ejemplares”

ASÍ TITULÓ EL TIEMPO SU EDITOrial del pasado 31 de julio, en el que se ocupó de analizar una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que condenó a 18 años de prisión a alguien que, conduciendo con los efectos del alcohol, ocasionó la muerte a dos personas que viajaban en otro vehículo contra el que colisionó.

Afirma el editorialista que esta decisión “muestra los resultados de la Ley 1326, sancionada este año por el presidente Álvaro Uribe”. Eso no es cierto por una razón muy simple: porque la norma fue expedida en julio de 2009 y no puede ser aplicada a casos que, como el comentado, ocurrió en agosto de 2007. La condena impuesta no es consecuencia de un cambio legislativo, sino de la opinión que unos magistrados tuvieron sobre los hechos, al considerar que la conducta del procesado no había sido meramente descuidada sino intencional (en la modalidad conocida como dolo eventual).

Si a este conductor se le hubiera aplicado la ley que entró a regir en julio, habría recibido una pena de 48 meses de prisión como autor de un homicidio culposo agravado por la ebriedad, en lugar de la que le fue impuesta como responsable de un homicidio con dolo eventual. Es decir, no sólo la condena es totalmente ajena a la Ley 1326, sino que, a la luz de ésta, habría sido imposible dictarla.

Se queja el comentarista de que antes de la reciente normatividad casos como el comentado “terminaban con casa por cárcel”. Sumados los aumentos de pena previstos en la Ley 890 de 2004 y en la 1326 de 2009, la sanción mínima para un homicidio culposo cometido bajo los efectos de bebida embriagante será de cuatro años de prisión, que cuando menos desde el punto de vista objetivo abre la posibilidad de que la persona pueda ser condenada a prisión domiciliaria. Así, pues, en este aspecto no resulta correcto afirmar que la norma que acaba de expedirse es más drástica.

Dice El Tiempo que la nueva ley consiguió que “la embriaguez pase de ser un atenuante que libera de responsabilidades a un agravante que endurece los castigos”. La afirmación es incorrecta, porque en Colombia la ebriedad agrava el delito de homicidio culposo desde 1980 y jamás ha sido considerada como una atenuante de responsabilidad. Cosa distinta es que el legislador haya decidido ahora que en lugar de aumentar la pena mínima en una sexta parte por esa razón, se incremente en la mitad.

Termina la nota editorial advirtiendo que “la impunidad de la que gozaron estos ‘sicarios del volante’ está llegando a su fin”. Pienso que es un error asignar el calificativo de impunidad a casos en los que los jueces aplican a los condenados las penas previstas en los códigos; creer —con razón o sin ella— que una determinada conducta debería recibir una sanción más severa, no significa que la aplicación de las normas vigentes sea una muestra de impunidad y afirmarlo lleva a la opinión pública un mensaje confuso y equivocado sobre la labor de nuestros jueces y fiscales.

Finalmente, conviene decir que algunos apartes de la Ley 1326 están redactados de una forma tan imprecisa, que probablemente no superen el examen de exequibilidad o no admitan más que una decisión de constitucionalidad condicionada.

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