Por: Yesid Reyes Alvarado

Conductores y derecho penal

MUCHA POLÉMICA HA GENERADO el reciente hecho de un conductor ebrio que causó la muerte de una persona y heridas graves a otras.

Como un juez de garantías dispuso la detención domiciliaria del implicado, se habla de impunidad y se pide introducir modificaciones legales que obliguen a que los autores de estas conductas vayan a prisión desde el primer día. Esta postura parte de la equivocada creencia de que la detención preventiva es una pena; en realidad, sanciones como la prisión sólo pueden ser impuestas cuando una sentencia definitiva declara la responsabilidad penal de un acusado, porque así lo ordena nuestra Constitución.

Cosa distinta es que en algunas hipótesis resulte recomendable que una persona sea privada de la libertad antes de que sea condenada; esa medida excepcional tiene como finalidad prevenir (de ahí el nombre de detención preventiva) que el investigado vuelva a delinquir durante el tiempo en el que se lo juzga o pueda manipular pruebas; por eso suele estar prevista para delitos cuya gravedad hace temer que su autor haga mal uso del derecho a estar libre mientras se lo procesa. Teniendo en cuenta ese pronóstico sobre lo que será la conducta del autor durante la actuación judicial, se puede ordenar su ingreso a prisión (cuando es previsible que sólo la cárcel pueda impedir que siga delinquiendo) o disponer su retención en el domicilio. Pero esa decisión no reemplaza ni condiciona la futura imposición de una pena, cuya duración sólo la determina un juez en el momento de dictar sentencia.

Anunciar que en situaciones como estas siempre se iniciará un proceso por homicidio intencional y no imprudente, para tratar de evitar la libertad provisional, es un error; la diferencia entre esas dos modalidades delictivas es teóricamente compleja y depende de las circunstancias particulares de cada caso concreto, por lo que no admite generalizaciones.

La idea de elevar a delito la simple conducción en estado de ebriedad es una opción válida; pero a condición de que la pena por ese delito sea proporcional a la conducta reprochada y que se disponga de suficientes sitios de reclusión adecuados para esta clase de infractores.

Muy eficientes han resultado en otros países los sistemas de puntos que permiten suspender de forma provisional o definitiva la licencia de conducción a los infractores de tránsito, en especial a los conductores ebrios. Pero la efectividad de esta clase de medidas supone que el Estado tenga un control muy efectivo sobre la expedición y renovación de estas licencias. Desafortunadamente aquí no se da la suficiente importancia al examen teórico como requisito para obtener ese documento y la expedición irregular del mismo es de tal magnitud que países como España se niegan a reconocerle validez.

El tema amerita una revisión global, que veo incompatible con apresurados y coyunturales proyectos de reforma legislativa; ya hace unos años, ante un caso similar, se cambió apresuradamente el Código Penal pensando que un simple aumento de las penas terminaría con esta clase de conductas y ahora, ante hechos como el comentado, más de uno se pregunta si esa modificación ofreció los resultados esperados.

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