Por: Cartas de los lectores

Conejera

La retórica llena de ideología oportunista, con el fin de politizar un país sin identidad, es ardid utilizado por el alcalde en sus apreciaciones ambientales.

En su criterio, las construcciones en los cerros orientales son un atentado  al ecosistema atacado por las élites, pero La Conejera no merece atención por ser una zona de poco interes económico: aunque intervenir en ella es de grave incidencia  en los ecosistemas de la sabana. Esto contradice el sentido de sus discursos. O mejor, sus intereses terminan siendo iguales a los de las mafias. 
 
Álex. Bogotá. 
 
 
Los desafueros militares
 
Las expresiones del reciente informe de la ONG Human Rights Watch, en el que denuncia supuestos falsos positivos, está demasiado  claro: efectivamente, lo que menos queremos los colombianos es que ese atroz episodio quede en la impunidad. Los señalamientos del organismo mundial,  en lugar de perjudicar al estamento de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, los beneficia, debido a que les pone a todos sus integrantes de presente que en el marco de sus deberes y obligaciones no pueden desaparecer, torturar, ni asesinar personas. 
 
También está claro que, con lo señalado por la ONG, no se está poniendo en juicio la institucionalidad de las Fuerzas Militares ni de la Policía Nacional de Colombia, y mucho menos su prestigio y profesionalismo. Es verdad que se cometen desafueros y estas situaciones se presentan en todas las profesiones, actividades y oficios. En el presente caso, el informe de la ONG Human Rights Watch, teniendo en cuenta 3.500 episodios de falsos positivos, obviamente que está condenando estos procederes, debido a que estos desafueros militares afectan a muchas familias colombianas. 
 
Según lo denunciado por la organización mundial de los derechos humanos, los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en aras de lograr beneficios, presuntamente cometieron esos falsos positivos, episodios que a la luz de los hechos constituyen una situación gravísima, por la muerte de personas inocentes. Casualmente, con motivo del informe de la ONG Human Rights Watch, es oportuno recordar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el mes de diciembre de 2014 condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en las 11 desapariciones del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 y en el que se asevera que “existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma”.
 
Jorge Enrique Giraldo Acevedo. Santa Marta.
 
 
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