Por: Salomón Kalmanovitz

Conejo

El Gobierno redujo el precio de la gasolina en $175 el 29 de junio pasado para dejarla en $8.700 el galón.

Habíamos mantenido en esta columna que, de acuerdo con su fórmula de fijación del precio, muy influida por el precio internacional del petróleo, ha debido disminuirse en $1.800 desde abril, pero lo ha hecho sólo en $375. La fórmula contempla un promedio del precio internacional de dos meses que durante mayo y junio se redujo en 25%.

El precio del etanol se viene reduciendo también con la caída de las cotizaciones internacionales del azúcar que disminuyeron en otro 20%. En efecto, el Gobierno volvió a reducir el precio que les paga a los ingenios a $8.039 por galón y eso está bien, pero como anotábamos todavía es el 100% del precio internacional, siendo un determinante importante del precio final pues se mezcla un volumen de 8% a la gasolina. El acpm sólo se redujo en $100 pero a los palmeros se les sigue pagando $9.728 el galón, mientras que en los mercados internacionales el precio del aceite de palma se redujo en 14% desde hace dos meses.

La dependencia fiscal de la bonanza del petróleo y del carbón se va haciendo manifiesta. La alegría con que la administración Uribe se deshizo de importantes ingresos tributarios a favor de grandes empresas internacionales y locales estaba asociada a la fe ciega en que esa bonanza apenas comenzaba y se iba a multiplicar. El convencimiento del presidente Santos de que no tenía por qué aumentar el recaudo tributario también partió de similar premisa que ahora se resquebraja con el deterioro de la economía europea, el lento crecimiento norteamericano y la ralentización de la China, el gran demandante de petróleo, carbón y otros minerales en el mercado global.

No hay que dejar de insistir en que Colombia necesita todavía mucho Estado y que la única forma sólida de lograrlo es con impuestos altos que paguen los que más ingresos tengan. Tal logro civilizatorio no puede depender de loterías en los precios de los recursos naturales de que disponemos ni en impuestos que, como el de la gasolina y el acpm, tienen un impacto inflacionario generalizado, pues el precio del transporte impacta a todas las mercancías. Es por eso también que no tiene presentación remolcar las utilidades de los ingenios y los palmicultores a costa de un mayor precio de los combustibles que el necesario para producirlos.

Es ante esa situación que el Gobierno rehúsa desprenderse de los impuestos a los combustibles, que en el caso de la gasolina alcanzan el 35% del precio final y que se inflaban en consonancia con el precio que alcanzaba el petróleo de US$105 por barril hace dos meses. Hoy ese precio está en US$84. Pero el presupuesto se va a ajustar de todos modos por la pérdida de ingresos que le reporta los menores dividendos que le entregará Ecopetrol hacia el futuro. El ministro de Hacienda anunció que en 2013 va a reducirse el gasto público y lo ratificó el director del Departamento Nacional de Planeación, quien afirmó que la inversión se reducirá en $6 billones.

La política fiscal colombiana es casi siempre procíclica y obviamente desacertada: estimula la economía y se endeuda al país cuando los precios de las commodities están elevados y la economía está boyante, generando inflación; cuando caen los precios, se recorta el gasto público, el servicio de la deuda es contractivo y con ello la economía pierde dinamismo y se agudiza la recesión.

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