Confianza inversionista

Tras encuestas y elecciones en días pasados, las opciones presidenciales con más peso parecen ser la del binomio Uribe-Duque (quizás en alguna alianza con el vargas-llerismo) y la de la izquierda, liderada por Gustavo Petro. Se enfrentan así una propuesta uribista, equivalente a la que gobernó en Colombia durante 2002 y 2010, con una petrista sentada en propuestas como el aumento del impuesto al latifundio y la promoción de alternativas al extractivismo.

Ante la disyuntiva, figuras nacionales que se reconocen como “mesurados”, “expertos” y “tecnócratas” han coincidido en inclinarse hacia la propuesta, ya conocida, de la seguridad democrática. “Espero que el candidato Petro no esté pensando en la expropiación, porque esto sería quitarles los recursos a las personas”, comentó por ejemplo el exministro de Hacienda Guillermo Perry. Un sinnúmero de personalidades afines han hecho comentarios casi iguales. Pero no sólo los notables y cacaos se agarran de referencias a una supuesta campaña petrista de expropiación de tierras para preferir el uribismo. Tantos en clases medias y populares se han recostado en la comodidad del pasado reciente de victorias militares y triunfos económicos. Y ello a pesar de que este estuvo caracterizado por altos índices de homicidios, la parapolítica, los asesinatos extrajudiciales, la represión armada del sindicalismo, el agro ingreso seguro y el despojo sistemático de tierras.

Luego de los ocho años de transición, en que el gobierno Santos abonó un camino de posibles reconciliaciones, Colombia pareciera preferir lo “malo por conocido”. Esto se debe, tal vez, a que para grandes segmentos de la población no fue tan “malo”: la década comprendida entre los últimos meses de Pastrana y el gobierno de la mano firme y el corazón grande fue muy productiva económicamente para algunos.

Algo similar ocurrió en el gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-1950). A la vez que enfrentamientos armados arreciaban en algunas provincias nacionales, la economía crecía y gremios industriales consolidaban bonanzas en medio de una ausencia de contrapesos políticos en el gobierno. Coincidencias parecidas se presentaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX cuando el lobby industrial se favoreció de las arremetidas armadas contra todo lo que oliera a sindicalismo. Esto se repitió cuando más adelante, en un contexto de expansión agroindustrial, multinacionales y finqueros de tradición sacaron provecho del desplazamiento y la dominación paramilitar de ciertas zonas (el modelo Chiquita Brands). O en un panorama de boom minero, en que empresas y particulares gozaron de amplio margen de maniobra, tan generoso en exenciones fiscales como en flexibilidades laborales y concesiones ambientales.

En alguna medida, el país que no sufrió los efectos del paramilitarismo de manera directa sigue sintiendo que la estabilidad económica debe buscarse y conseguirse cueste lo que cueste. Esto debido a que masacres paramilitares y estrategias de despojo estuvieron localizadas geográficamente y tocaron de manera sólo tangencial a muchos sectores. Comunidades de clase media en cabeceras y veredas sienten hoy que todo vale en el camino hacia la prosperidad económica. Lo mismo sucede en barrios de clases populares que han venido recibiendo algún beneficio o subsidio estatal con cuentagotas y que no quieren arriesgar el presente, ante la desaparición casi total de los empleos formales (durante el gobierno de Uribe).

El triunfo del “No” en el plebiscito para la paz, el preferir mil veces una coalición entre las derechas amalgamadas detrás de Uribe y Vargas, todo esto hace parte de un apego al orden de siempre (conseguido a un precio tan caro) y de un miedo tremendo a lo que podría pasar si se da rienda suelta a las libertades civiles.