Por: Humberto de la Calle

Conflicto armado

LA NUEZ DE LA PROPUESTA URIBISta era la recuperación del orden público. Fueron ocho años de grandes avances. Pero hay que reconocer que ninguno de los fenómenos de violencia ha sido totalmente eliminado.

De las Auc, dada la porosidad de las fronteras de estos grupos con el narco, se fue pasando a las bacrim. Las Farc y el Eln han hecho una tarea de reingeniería que, si empresarios fuesen, recibirían una medalla. Porque con una importante reducción de su “personal”, con golpes duros a sus dirigentes, con una merma en sus ingresos, han logrado mantener su empresa criminal. No como para arriesgar ya la estabilidad del sistema, pero sí con capacidad nada despreciable de perturbación. Y la seguridad ciudadana, progresando en las cifras, pero no en la mente de la gente.

Pero el que el fenómeno no haya sido totalmente superado, tampoco da pie para decir que en seguridad Uribe fue un fracaso. Más allá de la situación militar, lo que hay que analizar es el estado de la cuestión en el disco duro de los colombianos, que es donde se libra la verdadera batalla. El mayor legado de Uribe es haber logrado igualar, sobre todo en la mente de los jóvenes, todas las formas de violencia. Mi generación tiene grabada la huella del guerrillero noble, del aura de respetabilidad del delito político. Eso no existe entre los nuevos. Para ellos, toda forma de violencia es despreciable.

En un contexto de esa naturaleza, aunque con graves deficiencias discursivas, y aunque remando en contra de la corriente, se entendía que Uribe negara en su momento la existencia del conflicto armado interno. No porque negara los hechos mismos de violencia, como algunos tontos lo han creído, sino porque para él, en un entorno de democracia actuante aun con sus fallas, el fenómeno correspondía a una simple calificación criminal. Hay errores jurídicos en esta idea, porque el reconocimiento del conflicto no implica legitimar a los grupos alzados en armas ni es la vía para el reconocimiento de beligerancia, idea que corresponde a una concepción totalmente anacrónica. Pero la fuerza de esto no estaba en la juridicidad, sino en el mensaje político de condena.

El tema ha resucitado ahora cuando la Ley de Justicia y Paz está en la puerta del horno. El doctor Uribe regresó a sus viejas ideas, pero quizás no advirtió que lo ha hecho en un contexto totalmente distinto. Una cosa es simplemente negar el conflicto, y otra hacerlo ante la evidente necesidad de que, con una ley de reparación, el deslinde de las víctimas de la delincuencia común es un imperativo absolutamente necesario. Por eso tiene razón el Gobierno, movido por ese deseo de tipificación de las víctimas y no por el ánimo de revivir una vieja pelea. Se trata solamente de eso: apoyar la norma según la cual son las víctimas del conflicto las que deben ser reparadas.

Y una vez difundida la diatriba, salen también los fantasmas. Ahora se despelucan los más agrios voceros del uribismo a ultranza, anuncian el advenimiento de una guerrilla reverdecida por la bendición legal, sacan del cementerio el reconocimiento de beligerancia y llaman a somatén a sus huestes.

Esfuerzo innecesario. De lo que se trata es de fijar un límite, entre otras cosas para evitar desbordes presupuestales, y no de firmarle la rendición a la guerrilla.

 

 

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