Por: Yesid Reyes Alvarado

Conflicto armado en Colombia

EL EXPRESIDENTE ÁLVARO URIBE dijo, en entrevista concedida a W Radio, que no hace falta la existencia de un conflicto armado para respetar el derecho internacional humanitario.

Semejante afirmación supone desconocer que ese conjunto de normas tuvo su origen precisamente en la necesidad de humanizar las guerras, primero las que ocurrían entre naciones y posteriormente las surgidas dentro de ellas. El asunto es tan claro que en el Código Penal colombiano existe un título dedicado a los “delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario”, en el que se describen treinta conductas criminales que tienen un elemento en común: en todas ellas, los comportamientos sancionados deben haber ocurrido “con ocasión y en desarrollo de conflicto armado”. Sin la existencia de éste, acciones como la toma de rehenes, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores o la utilización de medios y métodos de guerra ilícitos como el uso de cilindros bomba por parte de las Farc, no podrían ser sancionados en nuestro país.

Existe incluso una norma que sanciona de manera especialmente grave (hasta 37 años y medio de cárcel) los actos de terrorismo cometidos “con ocasión y en desarrollo de conflicto armado”; la presencia de este precepto en nuestra legislación sirve, además, para poner en evidencia el error de quienes sostienen que esta figura delictiva es incompatible con la tesis de la confrontación interna. Por el contrario, como lo que prevé nuestra normatividad es que ese crimen se sancione de manera más drástica cuando ocurre en desarrollo de un enfrentamiento bélico, no cabe la menor duda en cuanto a que los contendientes pueden ser calificados de terroristas.

De hecho, en el año 2010 se iniciaron en Colombia cerca de 150 investigaciones por esta modalidad criminal y se pusieron en conocimiento de las autoridades alrededor de 130 casos de utilización de métodos de guerra ilícitos que, junto con las denuncias por desaparición forzada y reclutamiento de menores, ponen en evidencia la gran cantidad de conductas punibles asociadas a la existencia de una confrontación bélica interna. Pero se debe ser consciente de que la única razón por la que la administración de justicia ha podido adelantar investigaciones para perseguir a los autores de estos delitos, es porque ellos ocurrieron dentro de un conflicto armado; si esta circunstancia no estuviera presente, todos esos comportamientos estarían hoy en la impunidad o serían perseguidos como infracciones de menor entidad.

Hace bien entonces el presidente Santos al reconocer esa realidad, entre otras cosas porque es la única forma efectiva de acatar y hacer cumplir el derecho internacional humanitario. Sin embargo, no debe olvidar que el respeto a esa normatividad comprende no sólo la obligación de velar por la estricta observancia de sus reglas, sino la de respaldar las decisiones judiciales que impongan sanciones por su vulneración, incluso cuando ellas recaigan sobre integrantes de la fuerza pública que, de manera aislada y deshonrando la institución a la que pertenecen, desconocen los límites trazados para la humanización de las guerras.

 

 

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