Conflictos de intereses

No terminamos de acostumbrarnos. Decisiones correctas, con el paso del tiempo se van deformando y terminan teniendo efectos nocivos no previstos. Es lo que pasa con los impedimentos de los congresistas. Horas y horas resolviendo todo tipo de impedimentos por razones muchas veces baladíes se han convertido en un dolor de cabeza. Por un lado, el exceso de falso puritanismo obliga a cada congresista a curarse en salud. Impedimentos que se anuncian para que sean negados. Por el otro, de manera maliciosa, impedimentos sin razón concreta, se convierten en la forma de sacarle el cuerpo a la obligación de decidir. Por esta vía se escamotean las posiciones de bancada. Incluso hemos llegado al punto, como ocurrió de manera vergonzosa en el trámite de las objeciones a la JEP, que impedimentos declarados y aceptados, fueron luego revocados ante la mirada complacida del congresista quien, sin embargo, ponía cara de sacrificio.

Originalmente, la cuestión se sitúa en la noción de democracia. Desde la escolástica, heredamos el concepto de bien común. En el ejercicio de las funciones de representación, la noción básica es que los congresistas se rigen por esa idea. Deben buscar el bien común por encima de intereses particulares. Es, claro está, una ficción, sobre todo en un entorno en el cual la financiación de campañas la hacen, todavía en buena parte, empresarios poderosos.

La tradición anglosajona es más realista. La democracia es el crisol donde se funden intereses particulares que se compensan unos a otros en busca de un resultado que tiene carácter general. Pero ese carácter es producto de la interacción de fuerzas, no de la ficción de unos congresistas impolutos, casi virginales. Los anglosajones no ocultan esa realidad. El entramado capitalismo-política pública es explícito. En esencia, lo que se pide a un congresista es que revele los intereses que lo mueven. No es pecaminoso hablar en el recinto a nombre de los lecheros, los emprendedores de Silicon Valley o los cultivadores de maíz.

También, seguramente por herencia católica —más fácil pasa el camello….—, discriminamos en cuanto a los intereses. Pecado si hablan los palmicultores. Pero loable que haya congresistas que defiendan el sindicalismo, protejan a las parejas gay, busquen la prohibición de la fiesta brava, en fin, auspicien intereses no crematísticos. Es decir, alejados (al menos en apariencia) de valores económicos.

El régimen de impedimentos es necesario, pero entendiendo a cabalidad cuál es la clase de interés que afecta al congresista, evaluado en términos de proximidad, efecto real en sus ventajas, impacto en su vida y su estatus. En fin, vinculaciones concretas, especialmente con la faltriquera de los dignos representantes. Porque, al paso que vamos, no se podrá legislar sobre la pureza del aire porque los congresistas respiran, ni sobre la vida y la muerte, ni los servicios públicos, porque todos ellos están conectados al teléfono y a la luz.

Esta vía de escape recuerda otra que descubrió Cathy Juvinao: congresistas que contestan a lista y luego se escabullen como escolares inmaduros. Esta conducta debe ser igual a la ausencia monda y lironda para efectos de la pérdida de investidura. Estaremos pendientes del Consejo de Estado.