Por: Uriel Ortiz Soto

Congreso no debe autoreformarse

Sin desconocer que aún quedan parlamentarios honestos y cumplidores del deber legislativo encomendado por sus electores, es importante analizar a la luz de los últimos acontecimientos y de acuerdo a como están las cosas, debido a la crisis institucional causada por los continuos escándalos por cuenta de la parapolítica y otros actos de corrupción; hasta dónde el actual Congreso, cuando ya completa treinta de sus miembros tras las rejas, otros en la antesala de ingreso y varios llamados a rendir versión libre, o a indagatoria, tiene autoridad moral para legislar sobre la Reforma Política, que actualmente se discute en medio de un quórum precario, con ambiente de crisis y de nerviosismo.

El país, angustiado reclama una Reforma Política seria y renovadora desde hace varios años. Sin embargo, los gamonales de siempre, atornillados en sus curules, muchos ellos, con treinta, cuarenta y más años, han hecho caso omiso de esta súplica nacional, sencillamente porque no les conviene. Cualquier reforma que se proponga entra en desmedro con sus intereses clientelistas y particulares porque, desde el Parlamento, manejan a su acomodo la burocracia nacional, regional y municipal, la mayoría de las veces innecesaria y corrupta.  

No podemos aceptar que un Congreso en las actuales circunstancias entre a legislar en provecho propio y casi podría decirse que a favor de causa propia o familiar. Esperamos que los Legisladores honestos, libres de toda culpa, no vayan a cometer semejante error y más bien se declaren impedidos para votarla. Según concepto de varios analistas, el proyecto de Reforma que actualmente se tramita no consulta los intereses de pueblo colombiano. Tiene tantas falencias y vacios que, de aprobarse, seguirán los mismos con las mismas.

Escuchando el concepto de varias personas y profesionales versados en estos temas, son muchos las que se atreven a decir que “lo más indicado es que la Reforma Política la estructure la Sociedad Civil y finalmente la vote el Constituyente Primario”. Sin ser polista, parece ser que el Polo Democrático en este sentido tiene razón. Es indudable que con la convocatoria a una Constituyente, con el objeto de votar otros asuntos de interés Nacional acordes con la situación actual del país, se requiere de la Revocatoria del Congreso, que a decir verdad, con todos los escándalos propiciados en los últimos años, se ha convertido en la verdadera vergüenza para nuestra democracia.

No olvidemos que si por el Congreso de la República llueve a cántaros, por las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales no escampa. Estas Instituciones legislativas también deben estar incluidas dentro de la nueva Reforma Política. De nada nos sirve reformar lo nacional, si lo regional y lo municipal continúa de mal en peor. Son varios los diputados y concejales que se encuentran tras las rejas y muchos de ellos huyendo de la justica y con serias investigaciones pendientes.

Desde hace aproximadamente dos años se viene cocinando el actual proyecto que pretende convertir en Ley algunos de los diferentes partidos y movimientos políticos representados en el Congreso. Quienes asistimos a varios de ellos hicimos las observaciones de fondo. Pero no las han tenido en cuenta. Estas convocatorias ciudadanas no pasan de ser un saludo a la bandera. Simplemente es el lleno de un requisito contemplado en la Constitución.

Si queremos una Reforma Política verdadera debemos empezar por reformar los partidos políticos. Ellos son los responsables de todo lo que está pasando y la vergüenza nacional e internacional que estamos padeciendo. Actualmente no existe reglamentación, ni disciplina de partido. En la antesala de las elecciones, los avales son toda una feria al mejor postor. No importa que el candidato a un cargo por elección popular no tenga votos, o que sea un delincuente, lo importante es que disponga de buenos recursos para aportar a la campaña, que indudablemente servirá de remolque a los caciques regionales.
   
Requerimos de una Reforma para dignificar la actividad política, que haga responsable a los partidos políticos de sus elegidos. No olvidemos que la legalidad de los actos administrativos depende de la pureza de los actos legislativos y estos son el claro reflejo de la buena o mala organización y gestión de los partidos políticos.

La Asamblea Nacional Constituyente debería ser convocada y reglamentada por las Altas Cortes, previa consulta a la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, quién viene actuando como Juez de primera instancia en los casos de la parapolítica y de los Congresistas involucrados en otros delitos. En dicha convocatoria se deberá dar participación a la Sociedad Civil, con representación de todas las instancias de la vida nacional.  

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