Por: Augusto Trujillo Muñoz

Congreso y democracia

La reforma constitucional a la administración de justicia, puso de presente que el país necesita nuevos escenarios para el ejercicio de la política.

No en vano la constitución de 1991formuló la idea de la participación democrática que, sin embargo, sigue casi sin estrenar. La acción participativa, las redes sociales, los movimientos ciudadanos, a menudo, no caben en un sistema que volvió a cerrase sobre sí mismo y que es preciso reconectar con los sonidos de la comunidad.

Cuando en la vida de los pueblos –y en sus normas- aparecen opciones de participación, inevitablemente, se resienten los órganos representativos. No parece que la dirigencia colombiana –en el gobierno, en el congreso, en los partidos, en las altas cortes- haya tomado conciencia de la dimensión de ese fenómeno. Es como si -conformes con el espíritu del antiguo régimen- no advirtieran que los congresistas representan al pueblo, pero no pueden suplantar la voluntad popular.

La fallida reforma demostró la incapacidad del congreso para sintonizarse con las pulsaciones sociales. No es fácil intentar nuevas reformas por la misma vía. Tampoco quedaron a salvo el gobierno, ni las altas cortes. Después de semejante proceso de desgaste aparecen miembros de éstas y de aquel diciendo que “no se necesita modificar la constitución para mejorar la justicia”. Es increíble que sólo hasta ahora se enteren.

La justicia en Colombia acusa serios problemas de congestión, de impunidad, de acceso a su administración. En principio, no es necesario reformar la constitución para resolverlos. Pero la reforma también tiene que ver con la estructura de las altas cortes: con su composición, con sus funciones, con su cúpula múltiple. Esa es una revisión prioritaria y tiene carácter constitucional.

La carta del 91 (art.374) dejó el tema de la reforma constitucional prisionero de una trampa. Como en el viejo artículo 218, la llave de cualquier modificación sigue estando en manos del congreso. Es preciso consagrar en el texto superior la opción de una Asamblea Constitucional suficientemente próxima al ciudadano, a la cual pueda apelar con facilidad, cuando sea necesario modificar la carta, sin perjuicio de que el congreso se ocupe de las funciones legislativas y de control político.

En otras palabras, se requieren soluciones de fondo. Hay que separar la función constituyente de la función legislativa. Aquella debe corresponder a un órgano y ésta a otro. Hay que institucionalizar la expresión de las redes sociales. No se trata de clausurar el congreso cuya presencia sigue siendo clave para la democracia. Se trata de responsabilizarlo en el cumplimiento de un rol inherente al funcionamiento del sistema republicano, pero sin potestad constituyente. Ésta sería privativa del pueblo.

Así como el derecho colombiano (A. L. nº 3/1910) fue pionero, en el mundo, de la acción pública de inconstitucionalidad, en medio del escepticismo de muchos, ahora puede serlo de la dicotomía orgánica entre función constituyente y función legislativa. Abre nuevos espacios y contribuye a que la participación ciudadana quepa, al fin, en el sistema político. Los problemas que evidenció todo este enojoso asunto, no se corrigen con más congreso, ni con más partidos, ni con más tribunales, sino con más democracia.

*Ex senador, profesor universitario, [email protected]  

Buscar columnista

Últimas Columnas de Augusto Trujillo Muñoz

Una nueva conversación

El día de la venganza

El nacionalpopulismo

Nostalgia de guerra

Un país es un pacto