Por: Arlene B. Tickner

Congreso y política exterior

Un tema veintejuliero de obligada discusión es el Congreso. Aunque esta desprestigiada institución pública enfrenta problemas más graves, su nula (y hasta negativa) participación en la política exterior —que se ha convertido en una herramienta indispensable para la defensa de intereses nacionales neurálgicos— debe ser objeto de mayor debate.

Como en todo sistema presidencialista, la política exterior en Colombia es potestad del poder ejecutivo. A éste le corresponde, según la Constitución de 1991, dirigir las relaciones internacionales, mientras que el rol del legislativo se limita básicamente a aprobar los tratados celebrados. Según información recopilada por el programa Congreso Visible de la Universidad de los Andes, entre julio 2010 y julio 2011 fueron presentados 22 proyectos legislativos en política internacional, la mayoría de los cuales relacionados justamente con dicha función.

Pese a ello, el grado de injerencia legislativa varía según las disposiciones legales existentes así como las habilidades que caracterizan a los cuerpos parlamentarios. En Colombia, el Congreso dispone de un mecanismo sui generis, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE), un órgano consultivo del presidente de la República en el que tres senadores y tres representantes (con sus respectivos suplentes) tienen derecho legal a participar. Si bien la CARE ofrece un espacio potencialmente importante desde el cual incidir en la toma de decisiones en política exterior, por lo general, allí también el papel del legislativo se ha limitado a avalar las decisiones presidenciales.

Desclientelizar y profesionalizar la participación legislativa constituyen dos de los retos que enfrenta el Congreso colombiano para modificar su papel actual en la política exterior. El hecho de que los parlamentarios y sus familiares tengan una relación parasitaria con ésta —son los principales beneficiados de los nombramientos diplomáticos hechos por la Presidencia de la República en pago de favores políticos— constituye un primer obstáculo para ejercer un rol más constructivo en las relaciones internacionales del país.

No menos importante, el bajo nivel de conocimiento sobre la problemática mundial que caracteriza a la mayoría de los congresistas impide el ejercicio del control político, una de las funciones primordiales de esta rama. Con escasas excepciones, los debates realizados por la Comisión Segunda del Senado y la Cámara de Representantes, en donde se trata todo lo relacionado con política internacional (además de la defensa nacional), se destacan por su pobreza.

En contraste con casos como el colombiano, las legislaturas en Estados Unidos y Alemania, por sólo mencionar a dos países, disponen de unidades académicas especializadas que permiten equilibrar el poder del ejecutivo en política exterior. Al realizar investigaciones y suministrar información sobre temas que exigen un grado de experticia que no reúnen los parlamentarios, éstas complementan el trabajo de los asesores legislativos y ayudan a crear condiciones propicias para el ejercicio de una función idónea de fiscalización.

La falta de interés en la política internacional (más allá de la búsqueda parasitaria de puestos diplomáticos), la magnitud de escándalos como la parapolítica y la escasez de recursos hacen difícil (por no decir imposible) que la participación del Congreso en la política exterior de Colombia cambie. No obstante, la creciente influencia de los asuntos mundiales en la vida nacional hace necesario comenzar a discutir posibles estrategias para ejercer mejor este papel hacia el futuro.

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