Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Consejo comunal del cohecho

LA COMISIÓN DE ACUSACIONES DE LA Cámara no tuvo otra alternativa que abrir una indagación preliminar al presidente Uribe, para que responda por su supuesta participación en la orgía de las dádivas a Yidis y a Teodolindo, para aprobar la reelección.

Nadie en esa célula legislativa habría podido archivar la querella contra el mandatario, porque las evidencias exigen una investigación.

Claro que Uribe tiene derecho a un juicio justo e imparcial. A pesar de que en más de una ocasión él ha destituido a funcionarios o los ha encarcelado, o ha lesionado la honra ajena de sus opositores y críticos, sin haberles permitido a sus víctimas un proceso pleno de garantías, ello no puede convertirse en patente de corso para desconocerle ahora los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. Las faltas imborrables del Mandatario en estas materias, puede que abran el camino a millonarias condenas en contra del Estado, pero nunca podrían legitimar la arbitrariedad de someterlo a un proceso amañado.

Eso es lo que esperamos que ocurra cuando se convulsione otra vez la Comisión de Acusaciones con este nuevo litigio. Las primeras informaciones dan cuenta de que el triunvirato de investigadores designados —dos de los cuales son de la coalición del Gobierno— ha anunciado que el proceso será público.

Que el sumario que enfrentará Uribe sea público no es una concesión de sus ocasionales investigadores, ni de la Comisión misma, sino una exigencia legal. En efecto, la Ley 273/96 previó que “cuando la investigación se refiera al Presidente de la República el expediente será público. Las deliberaciones de la Comisión de Investigación y Acusaciones, así como las Plenarias de la Cámara serán igualmente públicas”.

Averiguado que la publicidad de una investigación que se refiera al Presidente es una obligación legal, y, por lo mismo, un derecho ciudadano, lo que también esperamos todos es que el Gobierno que usa y abusa de los canales públicos de televisión para sus demagógicos consejos comunales, en esta ocasión proceda de la misma manera. Llegó la hora de realizar un Consejo Comunal del Cohecho, la Triple C.

Sí, lo que está en juego es muy grave. Nada más ni nada menos, se trata de establecer si son o no ciertas las gravísimas acusaciones de la ex “loca” Yidis, según las cuales hubo una conspiración del soborno para que ella —que había anunciado públicamente su voto en contra de la reelección—, lo modificara a última hora. Y, además, es preciso que la justicia defina si además del soborno que ya está probado, hubo también un concierto para delinquir orquestado desde la cumbre del poder.

En aras de la transparencia, lo sensato sería que transmitieran por televisión, en vivo y en directo, la ratificación y ampliación de la denuncia, la versión libre del Presidente, los testimonios de Yidis y Teodolindo, y luego lo que vayan a sostener bajo la gravedad del juramento, Sabas Pretelt, Diego Palacio, Alberto Velásquez, Hernando Angarita, Bernardo Moreno y todos los que algo tienen que contar en esta desastrosa sinfonía. El país tiene derecho a presenciar ese juicio, en vez de que unos medios áulicos del régimen nos cuenten su versión, siempre palaciega.

La forma de hacer público el proceso no es entregando copias de las actuaciones a quien las pida, sino permitiendo que veamos y oigamos el histórico juicio del soborno constitucional y del concierto para delinquir. Uribe no debería ni siquiera ponerlo en duda. Amanecerá y veremos.

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Adenda N° 1.- Que la Corte Constitucional haya decidido que la Sala Penal de la Corte no puede investigar y juzgar al mismo tiempo a quienes se sometan a su competencia confirma que el gobierno uribista ahora es amo y señor de esa Corporación. ¡Qué vergüenza y qué miedo!

Adenda N° 2.- Lo que faltaba, ahora el gobierno de la seguridad democrática ordenó que la Policía invada las universidades públicas.

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