Por: Cristina de la Torre

Constitución conservadora (II)

DIFÍCIL CANTAR HOY EL ALELUYA que hace 20 años bautizó entre lágrimas la Constitución que auguraba paz y patria para todos.

Si agridulce el balance en política, amargo resulta en economía: la Carta del 91 fue instrumento del revolcón neoliberal que no cesa. El hálito socialdemocrático le vendría de su porción intervencionista, que entresacó de la Constitución de 1968. Mas en esta equívoca amalgama de disposiciones y valores opuestos, la exaltación de la libre competencia a rango de derecho fundamental obró con eficacia ejemplar: extremó hasta el escándalo la concentración de la riqueza. El principio igualitario fue más arabesco que mandato, y el Estado social, letra débil. Tampoco lo que había era la panacea, claro. Pero allí donde sobrevivió el núcleo del modelo industrializador, nació una estrella: Brasil.

El jurista Luis Carlos Sáchica dibuja el espinazo de aquel  modelo de Estado, entonces responsable de la dirección general de la economía, con vistas al desarrollo edificado sobre la justicia social (Economía Colombiana No. 208). El Estado puede monopolizar sectores económicos de interés general: política fiscal, seguridad nacional, servicios públicos, promoción del desarrollo económico. Por razones de  utilidad pública, para impedir el enriquecimiento sin causa y la concentración de la propiedad, podrá expropiar a particulares, sin indemnización. También podrá manejar empresas de interés social. O asociarse con particulares en fórmula de economía mixta. Formas de intervención del Estado que  respetan, no obstante, la libertad de empresa y de mercado, si ésta no riñe con el bien común.

La intervención sobre el Banco de la República y las instituciones financieras era potestativa del presidente. Con la nueva Carta desaparece la facultad de intervención del gobierno en el ahorro. Y las de inspección y vigilancia sobre este sector crucial de la economía, se ven obstaculizadas por la ley. Toda norma de control sobre la economía obra hoy como camisa de fuerza que rompe en la práctica con la tradición intervencionista practicada desde 1936. El Estado perdió, pues, la facultad de intervenir la banca y vio menguada su capacidad para vigilarla. Pero, sobre todo, se le arrebataron los fondos de fomento del desarrollo. Por su parte, la planificación, método excelso de intervención, quedó reducida a agregado mecánico de partidas presupuestales sin divisa estratégica. No se interviene ahora para propiciar el desarrollo industrial y agropecuario sino para garantizar el libre mercado, así éste se resuelva en monopolios privados.

Dificultades y errores de aplicación debilitaron este modelo que los Lleras prohijaron en la década de los 60, hay que decirlo. La concertación con los gremios para planificar la economía no logró sacudirse del todo el fardo  oligárquico que venía de muy atrás. A los empresarios beneficiados con protección y subsidios no se les exigió contraprestación en productividad y calidad de sus productos. Pero hubo talanqueras formidables que frustraron la opción del desarrollo: se abandonó  el Grupo Andino como mercado ampliado para producir en grande, ensanchar la gama de las exportaciones y construir una trinchera de países hermanos desde donde pudiera negociarse una inserción decorosa en la economía mundial. La siempre beligerante extrema derecha sepultó, otra vez, la reforma agraria. Los partidos empeñaron su vocación de lucha en el amancebamiento del poder. Luego vendría la estocada letal, el modelo neoliberal, incrustado en la entraña misma de la Constitución que hoy celebramos. Ni epifanía, ni coro de júbilo. Lejos de mejorar la condición de vida de las mayorías, esta Carta  contribuyó más bien a degradarla. Acaso sea hora de corregir el rumbo; de mirar con distancia tanta floritura igualitaria devorada por el torbellino del mercado.

 

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