Construir no es oponerse

Por Marta Royo*

Para los que trabajamos en Profamilia y literalmente nos “quemamos” las pestañas diariamente para que más población colombiana pueda acceder, sin barreras, a información, educación y servicios en salud sexual y reproductiva, lo que está sucediendo a raíz de los últimos artículos publicados por El Espectador ha sido muy doloroso.

Primero, porque duda de la información suministrada por Profamilia, y no define las fuentes que le han facilitado información errónea. Segundo, porque por primera vez en 53 años se desconoce, cuestiona y deja en entredicho nuestra misión, la cual continuará aportándole al país. Son pocas las organizaciones que pueden decir con orgullo y certeza que han cambiado la historia de la población colombiana, y Profamilia es una de ellas. Gracias a nuestra comprometida labor, hoy hombres y mujeres pueden tomar decisiones informadas sobre su sexualidad y reproducción, lo que a su vez les ha brindado más posibilidades en el campo educativo y laboral.

Gracias a nuestros esfuerzos, Colombia hoy cuenta con anticoncepción de emergencia, y la posibilidad de acceder a servicios de fertilidad y de interrupción voluntaria del embarazo de forma segura. Adicionalmente, las niñas y adolescentes pueden acceder a la vacuna contra el VPH (Virus del Papiloma Humano), en un precio 60 % inferior al que se había planteado inicialmente.

En cinco décadas, la organización ha tenido un modelo de empresa social. Además de prestar servicios en 28 ciudades del país, distribuimos productos en cerca de 300 municipios, y realizamos investigación que incide en política pública.

La mayoría de la población colombiana piensa que Profamilia es pública, pues por muchos años fuimos el único referente proveedor de servicios en comunidades remotas y rurales. Somos privados, sin ánimo de lucro. No recibimos partida alguna del gobierno, ni formamos parte del presupuesto público. Existimos soportados en dos fuentes de ingresos con las cuales sostenemos 30 clínicas, realizamos 1.700 brigadas móviles y prestamos cerca de dos millones de servicios de salud al año, impactando a más de 900 municipios.

La primera es la contratación con las EPS del país para prestarles servicios de salud sexual y reproductiva a sus afiliados. La segunda inició en 1974 con el programa de “mercadeo social”, asegurando la distribución y suministros de anticonceptivos en poblaciones apartadas.

Para subsidiar la operación y garantizar el máximo acceso y cubrimiento del territorio colombiano, hemos desarrollado esfuerzos conjuntos con la industria farmacéutica, la academia, organizaciones públicas y privadas, organizaciones internacionales y ONG, entre otros. Estos esfuerzos no ponen en juego la coherencia ni la misión de la organización —gran parte de los anticonceptivos están incluidos sin costo en el sistema de salud actual, lo que garantiza un mayor acceso—.

Siguiendo lo anterior, en las discusiones sobre regulación de precios de anticonceptivos, Profamilia presentó comentarios, entre otros, sobre la regulación con base en la cantidad de miligramos del contenido hormonal, lo que fue interpretado, por un periodista, como una oposición a la propuesta de regulación por parte del Ministerio de Salud.

Como organización privada, nuestro rol ha sido y será ser críticos pero objetivos, apoyando técnicamente la construcción de política pública. Hacer recomendaciones no nos hace opositores, ni pone en juego nuestra misión. Acallar la crítica o compararla con oposición hace daño a las discusiones democráticas. Reiteramos el respaldo a la regulación para un acceso sin barreras. En Profamilia seguiremos trabajando en informar sobre sexualidad, empoderar a los jóvenes, investigar, llevar la anticoncepción a zonas apartadas y prestar servicios libres de estigma y discriminación.

* Directora ejecutiva, Profamilia.