Hay casos en la vida nacional que obligatoriamente tienen que ser políticas de Estado, relegarlos al juego político puede ser tan peligroso como darle armas a la oposición conformada por grupos de izquierda para que, una vez pasados los comicios de la consulta, empiecen a pasar cuentas de cobro por haber sido los líderes en sacarla adelante.
Es desde todo punto de vista inconveniente para la democracia y el actual gobierno dejar en manos de los grupos de oposición el manejo de la política anticorrupción; si bien desde un comienzo esgrimieron una bandera con el recaudo de más de cuatro y medio millones de firmas, el Ejecutivo está en pleno derecho y facultades que le otorga la Constitución de dictar medidas urgentes sobre el tema.
No se puede permitir que bandera tan fundamental en los actuales momentos vaya a ser utilizada por grupos opositores. No obstante sus intenciones pueden ser sanas, dejan en la opinión pública nacional e internacional un sabor de derrota del gobierno que acaba de empezar.
Es apenas lógico que el cien por ciento de los colombianos de bien estamos en contra de la corrupción; sin embargo, la consulta que pretende celebrarse el domingo 26 de agosto muchos la consideran redundante e innecesaria.
Si bien los promotores la legalizaron con más de cuatro millones de firmas ciudadanas respaldando la iniciativa, los vaivenes de la actividad política están demostrando que el interés del nuevo gobierno va más allá de los protagonismos politiqueros y que en consecuencia valdría la pena a pocos días de votarla desistir de tal propósito.
Las razones son las siguientes:
1. Fatiga electoral: Conseguir 12 millones de votos para legalizar la consulta anticorrupción va a ser muy difícil, puesto que pasados los comicios legislativos y presidenciales existe desgano y fatiga electoral en la mayoría de los colombianos, máxime cuando muchos sectores de opinión y partidos políticos están en contra de la consulta, por considerarla redundante e innecesaria.
2. Varias de las preguntas del cuestionario se encuentran consignadas en normas constitucionales, leyes y decretos, lo único que hay que hacer es proceder a reglamentarlas para su aplicación.
3. Los proyectos presentados por el nuevo gobierno: El doctor Iván Duque, desde el mismo día de su posesión, se pronunció sobre el tema, dejando entrever que el manejo de tema tan delicado y fundamental, para moralizar la administración pública y privada en todos sus aspectos, debe ser política de Estado.
4. Proyectos de ley anticorrupción del actual gobierno: Ya fueron radicados por las ministras de Justicia y del Interior; varios proyectos de ley anticorrupción están haciendo curso en el Congreso de la República, que indudablemente deben tener mensajes de urgencia.
Con lo que ha venido sucediendo en los últimos días, cuando respetables columnistas de diferentes medios de comunicación se han pronunciado sobre lo innecesario de celebrar la consulta anticorrupción, seguidos del centro democrático liderado por el senador y expresidente Uribe, es apenas procedente que el Concejo Nacional Electoral, C.N.E, en los días previos que faltan, haga una evaluación sobre las conveniencias de celebrarla en los actuales momentos.
En síntesis, la política anticorrupción debe ser política de Estado, caso contrario entraríamos a un escenario de manipuleo y de manejo, con claros visos de sacar dividendos políticos y recaudos electorales.
En consecuencia, se debe iniciar una campaña, en todos los escenarios de la vida nacional, para que el ser humano desde su adolescencia, tenga un concepto claro de lo que debe ser el manejo de la administración pública y privada.
Todo debe ir acompasado por la ley de principios y valores, catedra que deberá implementarse en todos los sectores de la vida nacional: públicos y privados.