Consulta previa: ¡a por ella!

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Uno de los más viejos anhelos de las clases política y empresarial es regular la consulta y el consentimiento previos, libres e informados que rigen para cualquier decisión o proyecto que afecte a los pueblos étnicos en Colombia. Este derecho, consagrado como una obligación internacional del Estado colombiano, ha sido el david que resiste el embate de un goliat hambriento de convertir en cemento la selva y los esteros. No pocas veces ha sido la letra menuda que los congresistas que legislan a favor de empresas mineras o de agroindustria omiten con la ilusión de brincarse a pueblos indígenas y negros. La consulta ha sido un obstáculo a ese “modelo de desarrollo” —si se le puede llamar así a la ley del embudo que opera en beneficio de pocos y en detrimento de muchos— que todos los gobiernos, desde 1998 hasta hoy, han tratado de socavar.

 

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