Por: Gladys Jimeno Santoyo

La consulta previa, un derecho por cumplir

El derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado a las minorías étnicas es un tema crucial en Colombia, más cuando el modelo de desarrollo que se ha elegido apunta a la extracción y explotación de los recursos naturales como base de la economía. La consulta previa es la herramienta fundamental para otorgarles a estos pueblos el reconocimiento constitucional de su soberanía e independencia política y cultural. El propósito de estos derechos es proteger la pervivencia étnica y cultural de estas comunidades. En otras palabras, proteger el derecho ancestral sobre el territorio y las costumbres de las comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, gitanos, etc. Muchos de los territorios de estas comunidades han despertado la ambición de poderosos grupos económicos que han visto la riqueza de sus suelos y buscan la manera de que los derechos de usufructo les sean cedidos. Esta es la encrucijada: ¿o el país permite un desarrollo libre a los proyectos minero-energéticos o les coloca unos límites para garantizar la supervivencia de los grupos étnicos dentro de sus territorios y con su cultura? Las consultas y el consentimiento libre, previo e informado a las comunidades sobre los proyectos minero-energéticos o de desarrollo que pretendan su territorio, constituyen la matriz de los derechos fundamentales que le conceden a las minorías étnicas la libre determinación, participación, territorio, identidad cultural, desarrollo propio o buen vivir y el desarrollo nacional con restricciones para que cumpla con parámetros ambientales y de derechos étnicos. En su vida diaria y en sus territorios, los afrodescendientes e indígenas están siendo presionados por un modelo de desarrollo que los ve como un estorbo, por lo que son requeridos de manera permanente a defender sus vidas, sus territorios, su cultura y su futuro. Con los derechos a la consulta, y sobre todo al consentimiento libre, previo e informado, se busca lograr condiciones de protección a estas comunidades étnicas, de forma que su derecho a vivir según su cultura esté garantizado más allá de los intereses económicos que ha despertado la puesta en marcha de la gran locomotora de Santos.

 

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