Por: César Rodríguez Garavito

Consulta sobre el subsidio a los toros

Con el fallo de la Corte Constitucional sobre las corridas de toros en Bogotá, el asunto vuelve al debate ciudadano.

Aunque creo que la Corte se equivocó en su sentencia, el escenario ideal para discusiones complejas sobre tradiciones culturales y cambios sociales es la esfera pública, desde los medios hasta las elecciones locales, pasando por una posible consulta popular que está tomando forma.

Como el debate enciende pasiones entre taurinos y antitaurinos por igual, hay que comenzar por despejar las contradicciones que lo nublan y aclarar lo que se estaría decidiendo en una eventual consulta.

La primera inconsistencia viene del fallo reciente de la Corte sobre Bogotá, que va en contravía del que dictó en 2010 sobre las corridas de toros en general. En la decisión C-666/10, la Corte había logrado una fórmula salomónica entre los derechos de los taurómacos, la protección de los animales y la competencia de los alcaldes. De un lado, respaldó la ley 84 de 1989, que prohíbe el maltrato animal, pero permite el toreo, las corralejas y las peleas de gallos por ser tradiciones culturales. De otro lado, dejó claro que estas prácticas son formas de crueldad contra los animales y, por eso, dijo que los alcaldes “pueden determinar si permiten o no el desarrollo de las mismas en el territorio en el cual ejercen su jurisdicción”. Esa fue precisamente la facultad que ejerció el alcalde Petro, como probablemente lo dirán los cuatro magistrados que respaldaron su decisión.

Por eso mismo, por tratarse de asuntos locales, la Alcaldía puede convocar una consulta popular. Para que los bogotanos sepan lo que estarían votando, hay que despejar otro equívoco. La decisión de Petro no fue prohibir las corridas, sino dejar de subsidiarlas con dineros públicos. Lo suyo fue terminar el contrato con la Corporación Taurina, que alquilaba un edificio construido con fondos públicos —la Santamaría— para un espectáculo privado, cuyos aficionados podrían organizarlo en otros escenarios. Irónicamente, la insistencia de los taurinos en mantener a toda costa los privilegios que tuvieron en otras épocas, ahora puede desatar una consulta ciudadana que termine prohibiendo las corridas. Yo preferiría una menos drástica con los derechos de las minorías taurinas, que les pregunte a los bogotanos si están o no de acuerdo con que se use la Santamaría para las corridas. Una consulta que le permita al toreo lo que éste no le concede al toro: morir de muerte natural.

Así saldrían a la luz otras inconsistencias de lado y lado. Entre algunos antitaurinos, la necesidad de prestar atención equivalente a formas de maltrato menos visibles, como las condiciones crueles de crianza y sacrificio de animales. Entre los taurinos, la evidencia de que mientras se prohíben otras tradiciones menos privilegiadas pero igualmente arraigadas, como los animales en los circos o las corralejas, ellos siguen exigiendo que les subsidien su afición.

 

 

 

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