Por: Nicolás Uribe Rueda

Consumir compartiendo

En Colombia hoy el número de conexiones a internet fijo y móvil a nivel nacional puede superar los 11 millones de suscriptores.

Un número sin duda importante que permite a las personas acceder a enormes posibilidades económicas, sociales y culturales. Con ello, una cuarta parte de la población de nuestro país queda además habilitada para participar de la creciente tendencia global del consumo colaborativo, una nueva modalidad para “compartir, intercambiar, prestar, alquilar y regalar bienes y servicios” en el marco de las posibilidades que brindan la tecnología y las plataformas virtuales que crean redes sociales de intercambio.

Esto, que en esencia no parece nada nuevo, sin embargo está revolucionando la economía y planteando retos regulatorios y políticos de importantes dimensiones. Conceptualmente, el debate también es relevante, en tanto que permite reflexiones sobre la acumulación de bienes, la necesidad de reducir las implicaciones ambientales del desarrollo y la posibilidad de crear alternativas de ingresos a personas que oferten bienes que conservan con alto grado de inutilización. En Colombia debe haber decenas, pero en el mundo ya son miles las plataformas que facilitan el intercambio y uso colaborativo de bienes y servicios. Lo cierto es que hoy hay esquemas para que aquellos con jardín puedan compartirlo con quien necesita sembrar hortalizas, para dejar el perro en vacaciones, para alquilar un garaje o compartir un carro, para intercambiar libros, videos, ropa y juguetes de niños en desuso. Las aplicaciones disponibles hoy permiten arrendar una habitación residencial (más de 650.000 camas disponibles en 34.000 ciudades de 192 países sólo en la aplicación Airbnb), alquilar un taladro (que poca gente usa más de una hora a lo largo de toda la vida) y por supuesto también para movilizarse gracias al carsharing. Hay aplicaciones que permiten acceso al financiamiento entre vecinos y hasta páginas que ponen en contacto proyectos con inversionistas de capital semilla sin pasar por el sistema financiero.

Los Estados claramente deben intervenir para proteger a los consumidores que usan la economía colaborativa. Pero no deberían ridiculizarse prohibiendo aquello que están lejos de poder siquiera comprender. No harían bien al impedir estos servicios sólo para proteger los negocios de taxistas, hoteleros, el sistema financiero, casas musicales y demás negocios establecidos bajo el modelo tradicional y vigente de producción y consumo. La Unión Europea apenas hace un año, por ejemplo, expidió un Dictamen sobre Consumo Colaborativo, en donde no considera estas nuevas tendencias como una amenaza, sino como un mecanismo para aprovechar los bienes existentes de manera sostenible y una oportunidad para complementar la economía permitiendo la integración de millones de personas.

Según Forbes, en 2014 la economía colaborativa global pudo haber transado cifras superiores a los US$3.500 millones y en el inmediato futuro las transacciones que permite el consumo colaborativo podrían llegar a los US$110.000 millones. Un desarrollado tejido humano en redes digitales permite un consumo inteligente con un impacto positivo en la productividad, en la generación de empleo y en la lucha contra la desigualdad. Ya veremos cuál será la reacción del Estado colombiano frente a esta consecuencia inevitable de la tecnología y de la conectividad que tanto ha promovido.

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