Por: Columna del lector

Contra la corrupción de los mejores: la ciudadanía

Por Iván Montenegro Trujillo

“Lo peor es la corrupción entre los mejores”, “corruptio optimi pesima”, rememoraba el sacerdote Francisco de Roux, en septiembre del 2016, ante los magistrados de las Altas Cortes y ciudadanos que escucharon sus planteamientos sobre la totalidad y perennidad de la dignidad humana que iguala, verbigracia, a una prostituta de Chapinero con el arzobispo de Bogotá, o a un boga afro del río Patía con el Ph.D. de la Universidad de los Andes. Exponía que, en manos de los magistrados reposa la restauración de nuestra dignidad humana, degradada a estiércol por la pervertida demencia de nuestra guerra. Y por ello, los colombianos dependemos de la integridad de los togados, de su fidelidad a la conciencia moral de cada uno, que genera su libertad y de sus instituciones para abordar y decidir los complejos asuntos a su estudio, discusión y decisión.

Sin embargo, proseguía De Roux, en Colombia, a pesar que, en teoría, la ley es igual para todos, el ejercicio cotidiano de la vida pretendida en dignidad se hace contradiciendo la misma dignidad y vulnerando la propia de muchos jueces y togados.

Y esta contradicción se agudizó, o la reducción de la guerra hizo más visible y evidente una corrupción de estadios sistémicos, que avasalla a los mejores en las tres ramas del poder público y en los grandes grupos del sector privado, y sectores relacionados. En los últimos años se hace evidente el aciago “cartel de la toga”, en el que un grupo de los mejores está en el debido proceso, algunos de ellos habiendo ocupado las más altas dignidades de las Cortes: hecho casi que inconcebible.

Mas es necesario describir otros dos hechos reveladores y relacionados: el sigiloso, inaudito y fallido intento de reforma constitucional por parte del Congreso, concluido en mayo 31 del 2011, mediante pretendido Acto Legislativo 01, que intentó que el régimen de conflicto de intereses no tendría aplicación cuando los congresistas participen en el debate y votación de proyectos de actos legislativos, eliminando de tajo esta causal de pérdida de la investidura de los congresistas. La Corte Constitucional demostró que la nueva regla afectaba el principio democrático porque haría posible que las más trascendentales decisiones colectivas del Estado colombiano se contaminen por intereses particulares.

En el primer semestre del 2012, sobre el intento de reforma a la justicia, la Corte, en la Sentencia C-1056/12, argumentó que era una demostración real de la certeza del surgimiento de conflicto de intereses, puesto que se “aprobaban normas que hubieran afectado las competencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado en relación con los congresistas (procesos penales y procesos de pérdida de investidura, respectivamente), en cuya discusión y aprobación participaban miembros del Congreso contra quienes se adelantaban en ese momento procesos de ese tipo”. En estas dos etapas de este “esperpento” a la justicia están coaligados líderes de los tres poderes para consagrar la impunidad en oscuro aquelarre.

Y el listado de la corrupción “concreta”: muy extenso, multibillonario, antiguo, en algunos casos siniestro, inmensamente costoso para nuestro desarrollo social y económico, que incluye el emblemático e inicuo Odebrecht, y la Fiscalía —que invoca hasta la deidad para defenderse y atacar— recoge la almendra de nuestra tragedia: los mejores se corrompieron y nos están conduciendo a una peligrosa parálisis institucional, tienen vínculos o hacen parte de organizaciones criminales con participación de variado tipo de agentes.

Es, en esta hora crítica, necesaria una reflexión ciudadana sobre la alternativa de una solicitud a Naciones Unidas para el establecimiento de una Comisión Internacional contra la impunidad que apoye la investigación de los múltiples delitos económicos, y que contribuya a desmantelar las estructuras criminales relacionadas.

 

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