Por: Armando Montenegro

Contra la gente

A TRAVÉS DE LA INTERNET LA GENte puede comprar música, acciones de la bolsa, apartamentos, carros usados, boletas de espectáculos y una variedad de otros productos. Ya que en estas transacciones se eliminan los intermediarios, los precios son más bajos. Gana, de esta forma, el conjunto de la sociedad.

Muchos negocios, que tradicionalmente habían sido manejados por comisionistas, se están viendo afectados por la relación directa que se establece en la red entre los compradores y los vendedores. Por esta causa, en Estados Unidos se han cerrado miles de tiendas de discos y de alquiler de películas y se han bajado dramáticamente las comisiones de los vendedores y arrendadores de casas y apartamentos.

En Colombia, infortunadamente, debido a la escasa penetración de los computadores y de la internet, estos efectos no se han dado todavía en forma masiva. Una señal de lo que puede ocurrir en el futuro ha sido el notable crecimiento de la venta de tiquetes aéreos a través de la red, sin la costosa intermediación de las agencias de viajes.

En lugar de celebrar este hecho y tratar de que se extienda a otros sectores, el Gobierno le ha hecho eco a las quejas del gremio de las agencias de viajes que exige que se igualen sus comisiones con las que se cobran por internet. Anato quiere que se acabe la competencia, y que no se produzcan los ahorros que miles de personas consiguen a través de la red.

Tienen toda la razón las líneas aéreas en negarse a llegar a acuerdos de esta naturaleza que lesionan sus intereses y conspiran contra los consumidores. En cambio, llama la atención el silencio de las escasas organizaciones de consumidores frente a este atropello contra sus intereses. Si la Superintendencia de Industria y Comercio cumpliera con sus funciones, debería llamarle la atención al ministro de Transporte por tratar de inducir acuerdos que dañan el mercado y afectan los ingresos de los viajeros.

Este hecho que comentamos hace parte de un principio más general: los controles de precios, casi sin excepción, van contra los intereses de los consumidores. Y los gobiernos, que escuchan preferentemente a los monopolios y a los gremios, controlan los precios.

Este tipo de cosas ocurre con frecuencia en Colombia. En sucesivas capitulaciones ante los camioneros, el Gobierno ha consentido en que se fijen tablas de fletes que no tienen nada que ver con la competitividad de la economía, y que hacen subir los precios de los bienes y productos finales. Esos fletes, levantados a punta de paros, de espaldas a los consumidores, son semejantes a impuestos que pasan directamente a los bolsillos de los camioneros. 

La semana pasada el Gobierno estaba tratando de que no cayeran los precios del arroz. El Ministro de Agricultura estaba buscando recursos para financiar el acaparamiento de este producto. Quería lograr que se elevara el precio de este alimento, indispensable en la canasta familiar, mediante un costoso mecanismo de subsidios a los inventarios. Los intereses de los consumidores ni siquiera se consideraron.

Y en el primer semestre, las autoridades impidieron que cayera el precio de la gasolina, en línea con la baja de los precios internacionales. Con este propósito, cobraron un impuesto a los combustibles con el que financiaron los gastos del Gobierno, entre ellos, los subsidios que distribuye el Ministerio de Agricultura.

 

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