Por: Jorge Iván Cuervo R.

Contra la paz como pretexto

Cualquiera podría pensar que quienes se han opuesto de pies y manos a la implementación del acuerdo con las Farc lo hacen por una legítima preocupación por la justicia y por la defensa del Estado de derecho y la democracia. Pero en realidad, ese solo es un pretexto para vender una causa que en el fondo tiene otros propósitos, algunos inconfesables, que se pueden resumir en la defensa de unos privilegios que un acuerdo de esta naturaleza podría poner en tela de juicio en el futuro cercano.

El beneficio más evidente del acuerdo y la desmovilización y desarme de las Farc ha sido en seguridad pública, propósito que debería apoyar y respaldar el Centro Democrático, cuya matriz ideológica se sintoniza con esta causa que fue la bandera de los dos gobiernos de su líder por medio de la política de Seguridad Democrática. Las cifras hablan por sí solas, y no se entiende cómo ese partido no capitaliza este logro también como suyo.

Se ha dicho entonces que es por la justicia, y la verdad es que no ve uno antecedentes de preocupación de quienes se oponen al acuerdo por el valor de la justicia, como no sea ver que en uno de esos partidos se recomiende a sus militantes que pidan asilo o se declaren perseguidos políticos ante la comisión de delitos comunes en lugar de presentarse a responder por sus actos; o en ese otro partido que siendo gobierno apoyó el acuerdo y al final en búsqueda de espacio político presentó objeciones al tema de justicia sin que a sus líderes les importen los problemas judiciales de sus militantes a la hora de los avales por aquello de los votos. Si no, miren cómo dieron aval a la exgobernadora del Quindío ad portas de una orden de captura que el fiscal de ese partido ha retardado de manera conveniente, seguramente porque uno de sus senadores estrella obtuvo allí los votos necesarios para estar en el Congreso gracias a los buenos oficios electorales de la susodicha.

Más evidente parece la necesidad de impedir que el acuerdo —de ser implementado— conlleve algunas reformas necesarias, una agenda que está lejos de ser revolucionaria y que no constituye precisamente un cambio de modelo económico o una recomposición del régimen político hacia uno más pluralista y que represente mejor las distintas realidades sociales, muchas de ellas marginadas por la existencia del conflicto que urbanizó la agenda política con las consecuencias de desigualdad campo-ciudad, ya por todos conocidas y documentadas.

Pero a esos sectores que han empantanado la implementación de un acuerdo que sufre de legitimidad política les asusta una actualización del catastro rural, que se cree un banco de tierras donde muchos campesinos puedan tener acceso a ella y a apoyo del Estado para trabajarla, o que se plantee un nuevo modelo de lucha contra los cultivos ilícitos, o que las comunidades tengan voz en la definición de los proyectos donde se ven involucradas, que haya nuevos liderazgos políticos en las regiones donde más se sintió el conflicto armado, espacios políticos que les negaron con mezquindad a las víctimas peros se los dieron a sus victimarios.

Sobre este punto, hay que aceptar que las 16 circunscripciones de paz fueron derrotadas políticamente y mal hace el Gobierno en revivirlas jurídicamente con toda suerte de interpretaciones bizarras de la ley. Concuerdo con Juanita Goebertus en que es necesario que este tema vuelva a debatirse en el Congreso en el próximo mes de marzo y de ser aprobadas, que su elección coincida con las elecciones locales.

El incumplimiento del acuerdo por parte del Estado es una posibilidad cierta en un nuevo gobierno que represente a los sectores del No. Nada más que eso se juega el país en las elecciones de 2018.

¡Feliz navidad!

@cuervoji

 

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