Contra las víctimas

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Los recurrentes “errores” en la extradición de Salvatore Mancuso son solo un capítulo más de la historia que el gobierno de Iván Duque insiste en narrar desde los nombramientos del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos; del consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y de Darío Acevedo en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Lo que Fernando Londoño inmortalizó como “las trizas” es la lucha por la verdad histórica. Esta campaña sistemática contra las víctimas del conflicto tiene una raíz más honda que la “ideología política”: el respeto.

Ceballos, vocero oficial de las excusas para evadir la verdad de Mancuso, no solo no ha alcanzado el más mínimo logro desde su cargo; esta semana reconoció haber pasado por alto una publicación para un diplomado que vulnera las líneas básicas del pluralismo consagrado en la Constitución. (Y, por lo visto, lo van a premiar con el Ministerio de Justicia).

El cuarto informe de seguimiento del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame muestra que 2019 fue el año que ha registrado más asesinatos de excombatientes (77) desde la firma del Acuerdo de Paz. Ante los resultados, Emilio Archila respondió: “Lo que la Fiscalía ha asegurado es que dichos asesinatos han resultado de la inseguridad que existe en algunas zonas del país derivada de las disputas por las rutas del narcotráfico”. (Su simplificación coincide con la del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien propone detener las masacres con fumigaciones de glifosato).

Pero el mayor daño histórico, de largo plazo, lo causa Darío Acevedo.

Si en un principio su negacionismo y desprecio por la investigación del “Basta Ya” parecían cuestiones ideológicas (que le costaron al CNMH el apoyo de redes internacionales de museos), el día que se anunció la medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe dejó al desnudo a Acevedo: 13 trinos de fervor y un activismo desesperado demostraron que este funcionario debería ser investigado por los órganos de control. El director no solo se ha dedicado a deslegitimar el Acuerdo de La Habana y a cuestionar a la Corte Suprema, sino que insiste en defender a un investigado con presuntos vínculos con un bando del conflicto armado. Desde su posición debería aceptar lo mínimo: los cargos que implican a Uribe tienen conexión directa con el paramilitarismo, con victimarios. Si no lucha por la protección del relato de las víctimas del conflicto, al menos debería permanecer neutral ante esta coyuntura.

Las posiciones del poder público no pueden ser usadas impunemente para el activismo abierto. Y no se trata de cualquier funcionario: es la cabeza de la institución cuya misión está ligada a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.

Y no, no es ideología. En el ensayo El respeto, el sociólogo Richard Sennett explica a partir de su experiencia personal un problema social: “La falta de respeto, aunque menos agresiva que un insulto directo, puede adoptar una forma igualmente hiriente. Con la falta de respeto no se insulta a otra persona, pero tampoco se le concede reconocimiento; simplemente no se la ve como un ser humano integral cuya presencia importa”.

El respeto de un individuo sobre la dignidad del resto. Eso.

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