Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Contrarreforma sin selva ni humedales

La conservación del bosque y sus servicios ecosistémicos es una forma económica de uso del espacio. Frente a otros usos, en muchos casos, genera la máxima contribución económica para el desarrollo regional.

En Yopal, Cúcuta, Cali y Armenia, en las reuniones regionales hasta ahora realizadas para construir el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (PND), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha llamado la atención sobre la extensión que en cada una de estas regiones tienen las reservas forestales y ha asegurado que ese hecho abre la oportunidad para asignar tierras e incrementar la producción agropecuaria. Esto tiene tanto de largo como de ancho.

Bien lo afirma el documento de Naciones Unidas “Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia” (2014), al presentar insumos para la puesta en marcha de propuestas conversadas en La Habana: “la implementación de la Reforma Rural Integral impone muchos retos frente al manejo de las zonas de reserva forestal en las cuales se debe evitar promover actividades productivas distintas a las que su vocación permite. La asignación de tierras a población víctima del conflicto y a los excombatientes, así como la promoción de actividades a desarrollar en esas tierras, debe considerar tanto la vocación productiva de la población como las características biofísicas del suelo y la oferta natural disponible”.

El Gobierno Nacional, en su afán por entregar tierras a la agroindustria (proyecto de ley 133) y a los campesinos (Cumbre Agraria y La Habana), tiene en la mira los humedales de la Orinoquia para los primeros y el bosque húmedo tropical para los segundos. Tal intención requiere que antes de cualquier intervención sobre estos ecosistemas naturales se determine el Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT). Según la información disponible, el OAT recomendará que la mayor parte de estos territorios sean conservados como ecosistemas naturales. Intervenir estas áreas con carreteras y titulación, sin un OAT previo, dinamizará procesos de destrucción del bosque y humedales, y en muchos lugares conducirá a la insostenibilidad económica y social de las propuestas de desarrollo pues mayoritariamente son suelos pobres y frágiles.

En la Orinoquia se propone el cambio de la ganadería tradicional, que se desplaza respetando los ciclos del agua y sus reguladores naturales, por la agroindustria, que los confrontará con diques y terraplenes, y la Reforma Rural Integral propuesta en La Habana, que parece focalizarse en tumbar selva

El desarrollo rural exige cambiar el uso de tierras en áreas ya apropiadas y transformadas. Hoy, la expansión de la frontera agropecuaria es más una figura recreativa de las películas del Oeste americano que una opción de la realidad nacional. En términos generales, las buenas tierras ya están ocupadas y lo que queda por transformar de ecosistemas naturales requiere procesos nuevos y creativos pues la mayor parte debe conservarse y recibir pago por el servicio ambiental. El 51% del país, que aún está en bosque, y las zonas inundables son nuestro gran capital frente al cambio climático y herramientas para conseguir recursos externos por compensación a los servicios ecosistémicos de interés global y nacional.

 

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