Contrastes en la gestión de la pandemia

Al año de la calificación de la OMS como “situación de pandemia”, a la infección ocurrida en China (11 de marzo de 2020), son varios los factores para señalar en la gestión de la pandemia, comenzando por la misma OMS, acusada por su demora en reconocer que el virus se transmite entre humanos y la dilación en declarar la alerta sanitaria. Desatender las alertas facilitó que el COVID-19 se propagara (AFP, 11 de marzo de 2020). El envío de una comisión de expertos un año después a China para indagar sobre el origen del virus, cuando ya habían desaparecido las evidencias, soporta la sospecha de medios internacionales de estar alineada con el país asiático.

En el ámbito local, cabe mencionar que no se decretó la suspensión del tráfico aéreo y el cierre de fronteras, y, una vez detectada la primera persona infectada proveniente de Italia, no establecer el cerco epidemiológico con las pruebas masivas PCR o de antígenos, como se describió en este espacio (“Así responden las EPS a la pandemia del COVID-19”, 26 de marzo de 2020), destacando que la directora de INS, Martha Ospina, informó que “no le remitían muestras suficientes para procesar”, desaprovechando la disponibilidad del instituto para esos exámenes. Si esta negligencia se hubiera corregido a tiempo, se habrían evitado contagios y muertes de compatriotas por el COVID-19.

La responsabilidad del gobierno Duque con la salud de los colombianos, que la historia juzgará en otro escenario político, es ignorar sistemáticamente la existencia de la Ley Estatutaria 1761 de 2015, que obliga al Estado a “respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud” (Artículo 5, Obligaciones del Estado), patrocinando como nunca antes había sucedido en gobiernos anteriores, desde 1994, la salud-negocio representada por las EPS, las cajas de compensación y demás entidades aseguradoras que se lucran arbitrariamente de los aportes de los contribuyentes al sistema, por desgracia, vigente todavía.

En medio de la tragedia que ha significado esta pandemia, los hospitales éticos e independientes, afiliados a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, merecen el reconocimiento de la sociedad por el formidable esfuerzo realizado al adecuar sus instalaciones y recursos humanos y económicos para suministrar la mejor atención posible a los enfermos de la pandemia, sin descuidar a los demás pacientes afectados por las patologías tradicionales.

Menciono, por vía de ejemplo, a la Fundación Santa Fe de Bogotá, por pertenecer al cuerpo médico desde 1981 y conocer de cerca su filosofía de “hospital centrado en el paciente”, y al hospital Pablo Tobón U., de Medellín, dirigido por el médico humanista Andrés Aguirre, cuyo lema es “hospital con alma”. En el sector público, al hospital Simón Bolívar, que también ha implementado las adecuaciones para atender las necesidades coyunturales de la pandemia. Los nombres son emblemáticos de las instituciones públicas y privadas, que desde hace varios años han emprendido el duro proceso de la certificación en calidad, reconocido por las normas de Icontec, de la Asociación de Hospitales y Clínicas, y en varios casos de la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations.

El desbalance económico de las instituciones hospitalarias se magnifica al considerar que la Ley de Punto Final anunciada al inicio del gobierno Duque no se ha satisfecho plenamente y que en el rubro de cuentas por cobrar de la Superintendencia Nacional de Salud la figura es de $6,5 billones. La deuda general al sector está estimada por encima de $10,5 billones.

Observando la eficiencia del proceso de la vacunación en los hospitales acreditados mencionados, se evidencia el error del Gobierno al involucrar a las EPS en el plan nacional. Los testimonios de los mayores de 80 años, entrevistados en diversos noticieros, que no han sido agendados para la vacuna por las intermediarias así lo demuestran. No obstante, las aseguradoras transmiten permanentemente el mensaje para que los afiliados actualicen sus datos. No deja de sorprender que para el cobro de las pólizas de medicina prepagada la base de datos de las EPS funciona a la perfección, con notas perentorias amenazantes sobre la suspensión del contrato, en caso de la demora en dicho pago; pero, para la prestación del servicio de la vacunación, la base de datos no funciona, la red está colapsada y no contestan a quienes indagan por su respectivo turno. Ese es el sistema de salud-negocio que patrocina este Gobierno del Centro Democrático.

Parche. El plan de vacunación terminó siendo un constructo teórico bipolar: demagógico y sin logística. Los profesionales de la salud independientes y su personal auxiliar, que atienden pacientes y figuran en la fase I etapa 2, no han sido vacunados todavía.