Contrato social y conservación

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Es imposible no referirse a los eventos recientes de violencia en las calles de muchos países, a los asesinatos y amenazas a líderes sociales y ambientales, o a los movimientos de resistencia al desarrollo convencional. El descontento de miles de personas alrededor del mundo es absolutamente legítimo y motivado, nunca censurable si es pacífico; la protesta social es fundamental para la democracia, así su versión liberal contemporánea esté desafortunadamente más asociada con la corrupción que con la construcción de una sociedad participativa, equitativa y sostenible. Es imposible no referirse también a la absurda resistencia de grupos de interés y de poder, incluidos muchos científicos, a reconocer las ventajas de una política de conservación ciudadana y popular, gracias a la cual comunidades rurales campesinas se conviertan en los administradores de nuestros ecosistemas, siguiendo la inspiración de los acuerdos que ya operan con pueblos indígenas y comunidades negras, apoyados por la academia y el sector privado.

Colombia se negó, penosamente, a adherir a la reciente declaración de Naciones Unidas sobre pueblos campesinos del mundo, con lo cual desaprovecha la oportunidad de reconstruir las relaciones urbano-rurales, recuperar décadas perdidas en desarrollo rural integral y saldar una deuda histórica que el Acuerdo de Paz y la mayoría de personas reconocen, independientemente de su ideología o afiliación partidista. También, y de manera más sorprendente, se omitieron las menciones sugeridas al respecto en el más reciente Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas organizado en Lima, negando la conservación participativa como mecanismo complementario de protección de la biodiversidad.

A lo largo de la historia, cuando los actos simbólicos y las normas obsoletas son obstáculos para la innovación formal en la gestión ambiental, las propuestas y acciones de la sociedad civil se imponen, pues existe mayor conectividad entre las comunidades y el territorio, sin querer decir que estas acciones sean más apropiadas, sino que tienen mayor posibilidad de implementarse. Sería absurdo que escogiéramos una modalidad de conflicto permanente y, en vez de desarrollar una política de sinergias en la cual construyamos procesos integrados y experimentos evaluados, sacrifiquemos el interés común y la posibilidad de que las sociedades locales prosperen sin la amenaza permanente del exterminio. Mucho menos cuando los habitantes urbanos reconocemos a los campesinos y el campo como los obvios administradores de los ecosistemas de los cuales dependemos, sin desmedro de otras opciones de uso del territorio.

Un nuevo contrato social podría desarrollarse a partir de una política de gestión de la biodiversidad, los ecosistemas y sus contribuciones al bienestar colectivo. Si no aprovechamos esta ventana de oportunidad, estaremos condenados a una guerra que se resolverá para mal de la sociedad urbana, insostenible por definición, así queramos dar el salto hacia la agrópolis, pues en el futuro aún requeriremos minería, agroindustria y producción de energía, que seguirán transformando los ecosistemas y causando innegable impacto ambiental. No se pueden hacer tortillas sin romper huevos, he dicho en varias ocasiones, pero tampoco se pueden hacer con los huevos de otro, me reclaman justificadamente que complemente.

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