Contratocracia

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La sanción de la procuraduría para suspender por tres meses al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, no es excesiva sino completamente pertinente. Y de pronto hasta insuficiente.

El contrato por el que fue suspendido que tenía como objeto dar 1.276 capacitaciones para prevención del Coronavirus en tres comunidades, de cada uno de los 29 municipios, por un valor superior a los $2.000 millones es tan solo uno de los ejemplos de la forma en cómo se están derrochando los recursos públicos en el departamento del Chocó.

Vamos a analizar otros ejemplos que muestran el modus operandi de una estructura organizada donde se usan los dineros que deberían ir paraa tratar los problemas generados por el COVID-19.

El contrato No. 001 del 26 de marzo de este año fue suscrito entre el suspendido gobernador Palacios Calderón y la empresa Distribuidora Jifar SAS. El representante legal de Distribuidora Jifar es un renombrado contratista de la región llamado Jefferson Edwin Jiménez Asprilla, y para poca sorpresa fue una persona que apoyó la campaña de Palacios Calderón. (Ver Contrato 001).

Tu me ayudas, yo te contrato.

El contrato por $445 millones tuvo por objeto “contratar al operador para adquirir kits de ayudas humanitarias para atender a la población víctima del conflicto armado en el departamento del Chocó”, con un plazo de ejecución de dos meses. (Ver Acta de Inicio).

Al igual que el contrato que causó la suspensión del gobernador, este contrato No. 001 es difuso en su objeto contractual; toda vez que en sus líneas no se establecen en cuáles municipios serán entregados estos kits, tampoco se establecen las especificaciones de las cantidades pactadas.

Una tarea grande le queda a Distribuidora Jifar, pero con $220 millones al mes algo se podrá hacer, y en eso es importante mirar las credenciales de la empresa para conseguirlo.

Según los registros comerciales, Distribuidora Jifar, con el número NIT 818001464-6, oficialmente cuenta con cinco empleados a su cargo y tiene registrado solo dos actividades económicas referentes a los siguientes códigos: el 4773 que corresponde a “comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador”, y el 6920 que incluyen “actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria”. (Ver Actividad).

Una empresa de papel. A menos que los kits de ayuda humanitaria fueran de artículos de tocador o una auditoria forense, esta distribuidora no cuenta con la idoneidad para celebrar este tipo de contratos.

Pero podemos estar equivocados, entonces por eso es bueno visitar las instalaciones. Al buscar la dirección registrada en los documentos oficiales con los cuales se hizo la contratación, en la calle 31 # 7–90 del barrio Tomas Pérez en la ciudad de Quibdó, se puede constatar que en esa dirección no funciona Distribuidora Jifar. (Ver Foto Dirección).

Por el contrario, en esa dirección se encuentra la sede de una entidad diferente que se llama la fundación Manos Amigas, que también parece ser una fachada nada más.

Pues, ¡oh sorpresa!, Manos Amigas, registrada con NIT 900256500-5 y tan solo dos empleados, tiene como representante legal al mismo señor Jefferson Edwin Jiménez Asprilla, y por medio de esta fundación, la alcaldía de Quibdó celebró el contrato de interventoría No.154 del 19 de marzo de este año, la bicoca es de $1.014'898.093. (Ver Contrato 154).

Una platica.

El objeto de este es ejercer una “interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al contrato No. 386 de 2019 de suministro de raciones para alimentación escolar del municipio de Quibdó en el año 2020”, que es por más de $10.000 millones en un plazo de diez meses.

Pues ni Distribuidora Jifar como tampoco la fundación Manos Amigas parecen contar con las calificaciones, el equipo, las instalaciones o la experiencia para realizar tan complicados contratos.

Así de claro y así de sencillo.

Pero no debe sorprendernos. No es la primera vez que la procuraduría pone en la mira al señor Ariel Palacios Calderón. Cuando el sancionado gobernador ejerció como alcalde de Bojayá fue investigado por irregularidades en salud, educación, presupuestos y contratación.

Suena familiar. Después de ser alcalde de Bojayá, fue casi 20 años gerente de la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó-EPS. Una sentencia de Justicia y Paz estableció que, como gerente de la aseguradora, Palacios financió, nada más y nada menos, a grupos paramilitares con $20 millones mensuales. (Ver Justicia y Paz).

Bien por la procuraduría que se metió a sancionar al gobernador Ariel Palacios Calderón con estos temas sin que le temblara la mano. Bien. Como tampoco le tiene que temblar en otros departamentos donde poderosos caciques políticos están haciendo lo mismo. En momentos como este robarse y malversar los recursos para tratar a las poblaciones más vulnerables, por los efectos de la pandemia, es una canallada que no tiene perdón.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

 

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