Por: Elisabeth Ungar Bleier

Control ciudadano a la financiación política

La financiación de la política es, en principio, una actividad absolutamente legítima, enmarcada en un conjunto de normas y procedimientos sobre los montos y el origen de los recursos, su destinación, las condiciones para los aportantes, la rendición de cuentas por parte de las organizaciones políticas y candidatos y las responsabilidades de las autoridades electorales, entre otros.

A pesar de este amplio acervo normativo, la financiación de las campañas electorales se ha convertido en una de las mayores fuentes de corrupción política en Colombia y en un factor que introduce grandes desequilibrios en las contiendas electorales. Antes que las propuestas y las cualidades de los candidatos, el dinero se ha convertido, en muchos casos, en el factor determinante de los resultados de los comicios. Mientras que unos candidatos y algunos partidos se preocupan por vigilar de cerca los recursos que ingresan a sus campañas, y quienes los financian exigen transparencia sobre sus aportes, estas intenciones frecuentemente se ven desbordadas por los multimillonarios costos de las campañas. Muchos de los recursos son legales, pero otros, muchísimos más, son de origen claramente ilegal, y otros tantos se entregan como “contraprestación” a millonarios contratos a ser adjudicados por los elegidos a los financiadores.

La última reforma política contempla normas más rigurosas sobre financiación política y el Estatuto Anticorrupción introdujo limitaciones para que los financiadores contraten con el Estado y definió un marco sancionatorio para quienes violen estas disposiciones. De otra parte, el CNE viene haciendo esfuerzos significativos para sistematizar y hacer más transparente el proceso y para facilitarles a las autoridades, organizaciones partidistas y candidatos la entrega y revisión de los informes financieros.

Con el propósito de contribuir a la transparencia financiera de las organizaciones políticas, al cumplimiento de las normas vigentes y a fomentar una cultura política electoral fuerte y transparente, desde el año 2006 Transparencia por Colombia y el Instituto Nacional Demócrata (NDI), con el apoyo financiero del USAID, han venido desarrollando el proyecto ‘Fortalecimiento de la capacidad de partidos y movimientos políticos para rendir cuentas’. En el marco de dicho proyecto, Transparencia desarrolló el aplicativo en formato web Cuentas Claras en Elecciones, para mejorar el proceso de elaboración y revisión de informes de ingresos y gastos de campaña y avanzar en el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad.

Para las elecciones territoriales de 2011, Transparencia hizo nuevas mejoras al aplicativo Cuentas Claras, entre las que se destacan la posibilidad de hacer seguimiento en tiempo real a los recursos y un Módulo de Consulta Ciudadana. Con esto, por primera vez, los ciudadanos y los medios de comunicación podrán hacerle seguimiento a la financiación de campañas, como un aporte para fortalecer a los partidos políticos y a una ciudadanía más activa, que participa en política de una manera informada y ejerce control social. Es decir, para hacer más transparente la política.

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