Por: Elisabeth Ungar Bleier

Control social a la elección de altos dignatarios

EN EL MARCO DE LA VII CUMBRE DE las Américas, que se realizó en Ciudad de Panamá la semana pasada, Transparencia Internacional expidió un comunicado llamando la atención sobre el hecho de que escándalos de corrupción en varios países de las Américas “revelan que las necesidades básicas de los ciudadanos han sido desplazadas por los intereses egoístas de algunos sectores de las clases política y económica de estos países.

Cuando instituciones como el poder judicial en la República Dominicana, la Fiscalía de la Nación en Perú o la Corte Constitucional de Colombia fracasan en poner coto a la corrupción y la impunidad, o peor aún, se ven envueltas en graves cuestionamientos por prácticas corruptas, se advierte lo poco que hemos avanzado en desterrar la corrupción como mal endémico de la región”. De otra parte, exigió garantías para la participación ciudadana “con autonomía, independencia y seguridad jurídica para que puedan visibilizar y enfrentar la corrupción e impunidad que afecta a los estados en la región” (http://bit.ly/1IL05fA).

Este llamado coincide con lo planteado por la Comisión Nacional Ciudadana contra la Corrupción (Cnclcc) en su Cuarto Informe de Recomendaciones (http://bit.ly/1cpERtL). En él destaca la importancia del control ciudadano para la construcción de paz en Colombia, “teniendo en cuenta que la corrupción y los obstáculos a la participación ciudadana podrían afectar la implementación de los acuerdos que se alcancen mediante los actuales diálogos de paz”. Así mismo resalta “la necesidad de lograr mayor apertura por parte de las autoridades públicas nacionales y locales para proporcionar información a la ciudadanía y rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos, así como promover la participación efectiva de grupos ciudadanos afectados por el conflicto armado”.

Estas reflexiones adquieren particular relevancia en el marco de los procesos de nominación y elección de 22 magistrados de las altas cortes, del fiscal general, además de los miembros del Tribunal de Aforados previsto en la reforma de equilibrio de poderes, los cuales deberán surtirse entre 2015 y 2016. También, de la elección del registrador nacional del Estado Civil y los contralores departamentales. Estas instituciones tendrán papeles protagónicos en la implementación de temas críticos de los acuerdos de paz, además de la responsabilidad política de recuperar la maltrecha confianza de los ciudadanos.

La ciudadanía debe contar con todas las garantías y tener acceso a la información necesaria para ejercer control social y vigilancia sobre estos procesos y para que estos se desarrollen con máxima transparencia y publicidad. Iniciativas como Elección Visible y otras con objetivos similares deben contribuir a blindar estas elecciones de presiones e interferencias indebidas y de su manipulación con fines partidistas. Esto requiere reglas de juego y procedimientos claros por parte de cada una de las entidades e instancias involucradas, pero también de una expresa y manifiesta voluntad política. Sin ésta, estaremos abocados a que todo siga igual.

 

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