Controles de bolsillo

La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República son los principales órganos de control en Colombia. A esta tríada se suman la Fiscalía General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil, organismos que, por la relevancia de las funciones que la Constitución les otorga, deben garantizar su total independencia frente a las tres ramas del poder y, en general, frente a intereses de sectores políticos, sociales o económicos que puedan incidir o interferir en su accionar y decisiones.

Lamentablemente, los procesos de nominación y elección de las cabezas de estos organismos no siempre se dan en condiciones que les den a los ciudadanos la seguridad de que esto suceda. Si bien esto no es un hecho nuevo, y en otros gobiernos también se dio, en los últimos meses ha sido más evidente.

Las elecciones del fiscal general, el contralor general, el defensor del Pueblo y de la muy probable próxima procuradora general no solamente han estado enmarcadas en negociaciones y transacciones políticas que han favorecido a sectores pertenecientes a los círculos más cercanos al Gobierno, incluyendo al propio presidente Duque. Esto es especialmente llamativo si tenemos en cuenta que una de las banderas de la última campaña presidencial fue precisamente la promesa de “cero mermelada”. Pero esta ha circulado a manos llenas y sin pudor alguno.

Quienes hoy ocupan o aspiran a ocupar estos cargos son amigos cercanos del primer mandatario, pertenecen a las casas políticas más afines al uribismo o pretenden llegar a la Presidencia en el próximo cuatrienio.

A esto se suma el fenómeno del carrusel, mediante el cual pocas personas se rotan algunos de los cargos más relevantes del Estado, cerrando aún más el círculo del poder y debilitando los controles. Basta mencionar unos pocos ejemplos para entender lo que eso significa. La exministra del Interior del gobierno Duque, Nancy Patricia Gutiérrez, fue nombrada consejera presidencial para los Derechos Humanos, en reemplazo de Francisco Barbosa. Este fue ternado por el presidente y luego elegido fiscal general de la Nación. Margarita Cabello Blanco pasó de la Corte Suprema de Justicia al Ministerio de Justicia y también fue ternada por Duque para la Procuraduría, adonde seguramente llegará con el apoyo mayoritario del Senado. Es probable que el nuevo ministro de Justicia sea Miguel Ceballos, actual alto comisionado para la Paz. Y el nuevo defensor del Pueblo, Carlos Camargo, también fue nominado por el presidente Duque y elegido por la Cámara de Representantes, a pesar de los reparos por su falta de experiencia en temas relacionados con su cargo y por cuestionamientos sobre el manejo de recursos en la Federación Nacional de Departamentos, donde venía desempeñándose como director. En este cargo había reemplazado al actual contralor general de la Nación, Felipe Córdoba.

Si bien es cierto que nadie nomina o nombra a sus enemigos, también lo es que la endogamia no es una buena manera de gobernar en democracia. Esto no deja de ser un mal mensaje para el país cuando lo que se requiere es recuperar la confianza.