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Por: Henry Garay Sarasti
La próxima conferencia de las partes del convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, más conocida como la COP 25, está llamada a convertirse en una de las más notables, junto con la COP 21 de París, donde se acordó el compromiso de todos los países miembros a reducir sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).
El principal motivo para que la COP 25 sea recordada, adicionalmente al de haber sido traslada a última hora de Santiago de Chile a Madrid España, es el mensaje de urgencia enviado desde la Cumbre sobre la Acción Climática ONU 2019 celebrada en el marco de la Asamblea de las naciones Unidas en Nueva York el pasado mes de Septiembre, a través de su secretario general, el Sr. António Guterres, quien manifestó la necesidad urgente de incrementar el esfuerzo global para reducir los GEI y así evitar un aumento de la temperatura media del planeta superior a 1,5 °C.
No se trata de ofrecer mayores esfuerzos sin entender, de una parte la realidad de las emisiones de GEI, y de otra parte, la realidad social y económica para un país como Colombia, donde mayores esfuerzos puede suponer cambios drásticos de las estructuras productivas, que en algunos casos podrían traducirse en incremento de precios de los energéticos y la inviabilidad política de su implementación, como ocurrió en Ecuador.
Importante comprender las dimensiones del problema y de las soluciones, antes de comprometer al país con metas difíciles de alcanzar. Para empezar, en 2014 las emisiones totales de GEI en el mundo ascendieron a 41.000 Mt de CO2eq (Millones de toneladas de CO2 equivalentes). Ese mismo Año Colombia emitió 233,7 Mt de CO2eq, es decir el 0,57% de las emisiones globales de GEI. Aquí surge la necesidad de considerar las emisiones per-cápita a nivel global, para distribuir los esfuerzos con equidad.
El compromiso adquirido en París por parte de Colombia, en cuanto a reducción de GEI para 2030, fue del 20% de manera voluntaria y del 30% condicionada a recibir cooperación internacional para lograrlo. Es importante señalar que este compromiso es a nivel país y no a nivel de todos los sectores de la economía. Esto significa que dependiendo de la composición del inventario de emisiones, que indica en qué sectores se genera la mayor cantidad de emisiones de GEI, se deberían trazar metas sectoriales que reflejen el mejor arreglo posible para lograr el cumplimiento país, al menor impacto social y económico inevitable.
El inventario de emisiones de GEI por sectores en Colombia, publicado por el IDEAM, señala que para el año 2014 el 33% correspondieron a emisiones generadas por la gestión de las tierras forestales y el 22% a emisiones por actividades agropecuarias, para un total de 55% entre estos dos sectores.
En el caso de las tierras forestales, 25% de ese 33% corresponde a los procesos de deforestación al que está sometido el bosque natural en departamentos como Meta, Caquetá, Putumayo y Guaviare, los cuales lideran las emisiones por esta causa según el IDEAM.
De otra parte, igualmente es importante señalar que en las COP se habla de emisiones netas, es decir, las emisiones menos las absorciones, generalmente asociadas a la captura de CO2 de coberturas forestales. Para el mismo año de 2014, el total de absorciones realizadas en Colombia alcanzó las 22,64 Mt de CO2eq, de las cuales el 52% fueron gracias a las plantaciones forestales comerciales, que para ese año cubrían un área inferior a 500.000 hectáreas.
Antes de ofrecer metas más altas de reducción de GEI, el país se debería asegurar de poder frenar la deforestación, puesto que esa actividad no contribuye significativamente al PIB y sí representa la principal fuente de emisiones de GEI de Colombia.
Forzar a los colombianos a acelerar la transición energética basada en el uso de transporte eléctrico, cuando este sector representa tan solo el 12% de las emisiones de GEI de Colombia, sería un esfuerzo inútil si la deforestación continúa, porque tendríamos un escenario de incumplimiento.
Finalmente, la capacidad de absorción de CO2 con plantaciones forestales, en más de 16 millones de hectáreas con vocación forestal, hoy convertidas en pastizales, podría constituirse en una actividad estratégica para contribuir a las metas globales en materia de cambio climático, y de paso, propiciar el desarrollo de un sector productivo sostenible y con cadenas de valor generadoras de empleo.