Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Corporaciones y mediocridad institucional

La fragilidad ambiental del país es cada vez mayor.

Los impactos económicos y sociales asociados al cambio climático y a la pésima administración de nuestros recursos naturales afectan cada vez a más colombianos. No obstante, sorprende que a pesar de esta grave situación en el país no se altere el clima político en lo relacionado con las corporaciones autónomas regionales. El nombramiento de nuevos directores sigue reproduciendo una institucionalidad ambiental incapaz e irresponsable. El caso más crítico es la elección del nuevo director de la CAR del Valle del Cauca (CVC), quien ya había sido director en dos periodos anteriores con mínimas ejecuciones y cuestionables resultados. En la CAR de Cundinamarca fue elegido quien ya venía como director encargado y en otras CAR fueron reelegidos sus directores, lo cual sugiere que los acuerdos políticos para usurpar los recursos públicos y dejar el medio ambiente a la deriva se mantienen. Esto es muy grave, pues de los $7.811 millones del presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo asignado a la gestión ambiental y de riesgo, están en manos de las CAR y los municipios $7.262 millones. El tiempo cambia, el calentamiento global avanza, la sociedad no evoluciona y la institucionalidad sigue en las mismas.

Tenemos dos ejemplos que sintetizan bien la situación, y son las CAR de Cundinamarca y Valle del Cauca. Ambas tienen retos muy serios. Mientras el río Bogotá se desborda y sus cabeceras y su ronda siguen deforestadas, en Cali se inician los razonamientos de agua, pues sus siete ríos —Cali, Aguacatal, Cañaveralejo, Meléndez, Lilí, Pance y Cauca— se encuentran deteriorados y ya no logran abastecer la demanda hídrica de los caleños. Seis de los siete ríos son prácticamente absorbidos por la ciudad. En el caso del río Cauca, recibe las aguas negras de Aguablanca, que le llegan sin ningún tratamiento. Situaciones parecidas a la de Cali se están viviendo en casi todo el país, incluso en Bogotá, que antes tenía una de las mejores aguas de las grandes ciudades del mundo; ahora por la expansión de la urbanización se están deteriorando sus fuentes de agua.

Los dos años anteriores fueron muy costosos para nuestra sociedad a causa de las olas invernales, su impacto se potenció por el alto deterioro de la cobertura vegetal en las cuencas andinas. Ahora viene una sequía prolongada que tendrá funestos efectos, por la misma causa: la gran incapacidad de las autoridades ambientales regionales. Alcaldes, concejales, CAR e incluso la sociedad civil no reaccionan y no se toman medidas efectivas que aseguren reversar la tendencia de deterioro.

Una de las pocas acciones de cambio institucional la lidera el Fondo Patrimonio Natural. En el Valle del Cauca, junto con Parques Nacionales, ha construido una mesa de trabajo muy activa que convoca actores públicos y privados para articular de alguna manera la acción y la gestión en la cuenca del río Cali y la zona amortiguadora del Parque Nacional Farallones de Cali. Incluso se está avanzado en el diseño de un esquema de pago por servicios ambientales, que esperemos se concrete y dé buen ejemplo a todo el país. No podemos dar espera a una gestión ambiental efectiva y acorde con los problemas de la actualidad.

 

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